Dependencias contra el narcotráfico: el plan del Gobierno por la violencia en Santa Fe
El presidente anunció la creación de nuevos cargos y apostó al diálogo entre los jefes de las fuerzas de seguridad.
Durante su discurso en el Congreso, Alberto Fernández adelantó la creación de nuevos cargos y dependencias en la justicia federal penal para “las zonas más críticas” del país, en especial Rosario y Santa Fe. En este aspecto marcó que la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado “no es un show mediático” sino “un compromiso estructural, sustentable y permanente”.
Fernández anunció que se pondrá en marcha una nueva sala y una secretaría de narcotráfico en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. La intención estará en reforzar el Ministerio Público Fiscal y una aplicación “rápida del sistema acusatorio”. La diagramación vendrá por el lado de nuevos cargos en donde un fiscal federal del distrito tendría bajo su órbita a auxiliares y asistentes.
Además, en la ciudad de San Lorenzo se establecerá un nuevo juzgado federal, una fiscalía y una defensoría federal que orientará sus investigaciones a la trata de personas, el lavado de dinero y narcotráfico. A 23 kilómetros del epicentro rosarino está el Puerto San Martín, uno de los afluentes que utilizan las bandas narcos para el movimiento de la droga que llega por aire o agua.
A pesar de que el líder de “Los Monos”, Guillermo Cantero esté en una celda de Marcos Paz manejaría sus operaciones por teléfono. También están “Los Funes” que disputan parte del territorio en la zona sur, la suma de todo dejó 46 asesinatos en lo que va del año. Según el secretario de Seguridad santafesino, Germán Montenegro, el 40% de los homicidios están vinculados a disputas entre bandas.
En materia de seguridad intensificarán la inteligencia, la investigación del narcotráfico y las organizaciones delictivas. Para el Presidente, “el derecho a la seguridad es una obligación que debe garantizar el Estado”.
Otro marco que resaltó fue la idea de prevenir la violencia en las calles a través de la “negociación de la conflictividad”. Apostar al diálogo entre los jefes de las fuerzas de seguridad y las organizaciones sociales.
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El Gobierno buscará anticiparse a los conflictos, resolverlos de forma pacífica para evitar la criminalización de los sectores que suelen salir a protestar. “Estamos convencidos que el prestigio de las fuerzas se construye y se sustenta en buenas prácticas en el ejercicio profesional de sus funciones”, afirmó el mandatario.
