El legislador porteño de la Coalición Cívica (CC) Facundo Del Gaiso denunció penalmente a Pablo Moyano por extorsión, en el marco de la puja por la licitación de las grúas en la Ciudad de Buenos Aires y el conflicto por la recolección de residuos en los barrios porteños. 

"Hasta el viernes no había problemas. Cuando se enteran de que va a caer la licitación y le tocaron los negocios a Moyano, los camiones no funcionan bien, las condiciones laborales no son buenas y trabajan a reglamento", cuestionó en declaraciones a Radio Rivadavia, en relación al accionar del secretario adjunto de Camioneros.

Asimismo, detalló: "¿Qué tiene que ver la licitación de grúas con que los porteños suframos la extorsión de Moyano? En el año 2022 se cae el sistema de grúas en la Ciudad de Buenos Aires porque en la Legislatura se arma una sesión especial. Faltaba el voto de la Coalición Cívica, Carrió determina que había que ir a votar para que se caiga el sistema irregular de 20 o 25 años, y que pagaban 55 mil pesos por mes hasta el 2022. Como eso se iba a caer, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, determina estatizar el servicio en 24 horas". 

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"Esa licitación fue preadjudicada a tres empresas: Ashira, Transporte 9 de julio y Saem. Al menos una, no tengo pruebas, pero no tengo dudas de que está vinculada al Clan Moyano. Se adjudicó en 57 millones de pesos, y el jefe de Gobierno, Jorge Macri, lo dio de baja". 

En la denuncia a la que pudo acceder la agencia Noticias Argentinas, el dirigente de la Coalición Cívica planteó que "resulta incongruente adoptar una medida de fuerza gremial, en el marco del servicio de recolección de residuos cuyos supuestos incumplimientos por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no han sido formalmente denunciados antes las autoridades competentes, y en defensa de trabajadores de una eventual contratación por parte de dicho Gobierno; sin claro tener otras intenciones que la intimidación y extorsión de las autoridades locales".

Por su parte, remarcó: "La amenaza de interrupción del servicio de recolección de residuos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires por los choferes agremiados en el Sindicato de Choferes de Camiones es una clara intimidación que presupone la puesta en riesgo de la seguridad y salubridad de los que habitan y concurren diariamente a la capital porteña".

Para el legislador, la medida de fuerza en defensa de los choferes "no tiene otra finalidad que obtener la firma del jefe de Gobierno, Jorge Macri, de la adjudicación de la Licitación Pública, beneficiando a las empresas Ashira S.A. y Transportes 9 de Julio S.A., ambas compañías, de pública vinculación con el Sindicato de Choferes de Camioneros, como ya fuera descripto ut-supra".

Por último, más allá del respaldo a Macri por la decisión de dar de baja la licitación, afirmó que hay "irregularidades que investigar".