Mientras que el Congreso llevaba adelante el debate sobre la Ley Bases, el abogado Federico Paruolo, de activa intervención en la causa "Vialidad", denunció a la senadora Lucila Crexell por el presunto delito de "dádivas" para votar en favor del proyecto oficialista. La demanda recayó en el juzgado de Ariel Lijo, uno de los candidatos del gobierno a la Corte Suprema. 

La presentación incluye un pedido de medida cautelar para que Crexell no pueda votar en la sesión que comenzó minutos antes de las 10 de la mañana. A su vez, solicitó que se "difiera el tratamiento del proyecto de la Ley Bases, hasta tanto se resuelva la cuestión aquí planteada". 

Además, Paruolo, quien supo defender en la causa "Vialidad" al extitular de la dependencia Nelson Periotti, aseguró que la legisladora cambió su voto a favor de la iniciativa, debido a su designación como embajadora ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

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"Toda vez que no es posible que la senadora sea primero designada embajadora y luego vote, puesto que ello quitaría el control a quien da la dádiva, y toda vez que es posible entender que la senadora haya requerido algún tipo de certeza respecto al pago acordado, el mensaje que la propia Cancillería ha ‘filtrado’ hace las veces de garantía de cumplimiento del acuerdo", alegó. 

Por otra parte, el abogado sostuvo que "no ha sido una filtración inocente lo que permite a esta parte y a toda la población tomar conocimiento del hecho denunciado, sino la exteriorización de la voluntad del Poder Ejecutivo de cumplir el pago prometido a Crexell". 

A pesar de que el delito "no se encuentra aún consumado", el letrado reconoció que "estamos ante un acto ejecutorio punible como una tentativa". 

Por último, reclamó que "se ordene la prohibición de salida del país de la denunciada, se proceda a la geolocalización de su teléfono móvil, registro de llamadas entrantes y salientes; constate en el Senado, listado de entradas y salidas registradas de la denunciada y/o terceras personas que pudieran haber solicitado audiencia y se arbitren los medios a los fines de hacer efectiva una orden de allanamiento y secuestro de todo dispositivo móvil y/o aparato de almacenamiento que pudiera alojar información vinculada a los hechos de la denuncia".