El acto en Luján que mostró a la casta eclesiástica con un conglomerado opositor desnuda nuevas fracturas y empodera a los Moyano de cara a los avances del fiscal Sebastián Scalera, que apelará para volver a pedir la detención de Pablo, hijo del líder sindical, y recusará al actual juez de la causa, Luis Carzoglio.

A las declaraciones de los últimos días de varios obispos de importancia nacional, que criticaron la política económica del Gobierno y cuestionaron la decisión de la justicia de investigar a algunos dirigentes opositores de la política y el sindicalismo, se le suma el respaldo eclesiástico a la manifestación encabezada por el gremialismo más radical, aquel encabezado por Hugo Moyano y la CTA.

También molestó al oficialismo la decisión del titular de la Pastoral Social, Jorge Lugones, de recibir al titular de Camioneros en pleno conflicto con el Gobierno y mientras pesaba la amenaza de detención de su hijo Pablo Moyano (aunque el oficialismo no se dio por vencido); en tanto, el obispo de La Plata, Víctor Fernández, participó hace algunas semanas de una oración junto a Emilio Pérsico y el titular del sindicato docente Suteba, Roberto Baradel. Otras dos señales del conflicto entre el Gobierno y la Iglesia.

El fiscal Scalera, por su parte, avanzará esta semana nuevamente contra los Moyano. Después de que el magistrado Carzoglio rechazara la detención preventiva por el presunto delito de asociación ilícita, Scalera decidió que recusará al juez y pedirá nuevamente la detención del hijo de Hugo Moyano y dirigente de Independiente.

El fiscal sostuvo que "Carzoglio realizó un análisis individual o aislado" al rechazar el pedido de detención porque "dejó de valorar elementos de prueba fundamentales" como "el resultado de la apertura de los teléfonos secuestrados a personas de la barra brava de Independiente".