Un pendrive que llegó desde Suiza con más de 500 documentos vía Cancillería. Esa era la prueba que Lázaro Baez y su abogado Jorge Chueco querían invalidar con el argumento de que había sido conseguida irregularmente. No lo consiguieron.

Los documentos llegaron desde los bancos PKB, con sede en Lugano, y Safra J. Bank, con asiento en Ginebra. Allí, se detallan las cuentas y las transferencias millonarias por más de 20 millones de dólares. Los nombres en la documentación se repiten: Daniel Pérez Gadín, Jorge Oscar Chueco, "familia Báez”. Para el juez Sebastián Casanello, las cuentas tenían como beneficiarios a Lázaro y sus hijos.

La maniobra fue contada en el expediente judicial. A principios de 2013, ingresaron en Austral Construcciones unos 32 millones de dólares provenientes de cuentas de Suiza. Un año después se dispuso el congelamiento de 22 millones que todavía estaban en el sistema bancario suizo. Según la investigación, Lázaro, sus hijos y su entorno armaron una estructura jurídica, financiera y bancaria en Argentina y en el extranjero para canalizar fondos ligados a la corrupción por más de 60 millones de dólares.

¿Por qué era importante para Baéz y Chueco voltear esa información? El 25 de agosto, el juez federal Sebastián Casanello los procesó por tercera vez por el delito de "lavado de activos, agravado por realizar hechos con habitualidad y como miembro de una banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza”. Parte del procesamiento se basó en esos documentos que llegaron de Suiza.