Mientras Edgardo Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa, cumplen prisión domiciliaria en un exclusivo complejo de departamentos de Asunción, acusados por la Justicia paraguaya de "tentativa de contrabando" de algo más de USD 200.000, el kirchnerismo pidió este viernes que se convoque para el jueves próximo a una sesión especial para tratar la expulsión del senador y la creación de una comisión que investigue si el oficialismo compró votos para lograr la aprobación de la Ley Bases.

El primero de los pedidos, dirigido a la vicepresidente Victoria Villarruel, está contenido en una carta firmada por los senadores Mariano Recalde, Juliana Di Tullio, Nora Giménez, Eduardo "Wado" de Pedro y Antonio Rodas.

"La función legislativa requiere no solo capacidad técnica, sino también integridad moral", afirmó en su presentación el bloque que conduce José Mayans, para el que "cualquier maniobra dilatoria que busque postergar el tratamiento de ese tema solo podrá ser entendida de una manera: complicidad".

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"Debe quedar claro: la permanencia de Edgardo Kueider en el Senado resulta incompatible con los estándares de ética que exige la República y quienes tenemos responsabilidades institucionales debemos asumirlas y actuar de acuerdo a lo que exigen las circunstancias", expresó la bancada opositora.

En lo técnico, Unión por la Patria se ampara en que la Cámara alta puede habilitar el tratamiento de este tema por fuera del período ordinario, que finalizó el viernes pasado, y cita a ese respecto la obra sobre Derecho Procesal Parlamentario del exsenador Eduardo Menem, quien fue agasajado por el Gobierno esta semana.    

Esta avanzada del kirchnerismo responde a que, en el caso de que el senador por Entre Ríos fuera destituido de su banca, en su lugar asumiría Stefanía Cora, integrante de La Cámpora y segunda en la lista del Frente de Todos (hoy Unión por la Patria), por la cual Kueider ingresó al Congreso.

Paralelamente, un grupo de diputados de Unión por la Patria presentó un proyecto de resolución para crear una comisión investigadora a fin de esclarecer si el proceso de aprobación de la Ley Bases fue limpio o irregular, a la luz del efectivo que el senador intentó ingresar al país vecino.

Tras anoticiarse del escándalo de la detención del integrante del bloque Unidad Federal, el kirchnerismo y la izquierda se apuraron en reforzar la hipótesis del pago de coimas por parte del Poder Ejecutivo a legisladores aliados, encabezados por la expresidente Cristina Kirchner.   

El texto del proyecto de los diputados, liderados por Santiago Cafiero, prevé "investigar la posible existencia de coimas, sobornos, cualquier otro tipo de pago o promesa de beneficios irregulares vinculados con la votación de Ley Bases".    

"El proceso de tratamiento y aprobación de la ley en cuestión, tanto en enero como febrero, y luego en abril, lográndose allí la media sanción y su paso a la Cámara alta, dejan un importante manto de sospecha sobre diversas instancias, eventuales implicancias y posibles irregularidades de forma que sólo pueden enmarcarse en los vicios de una actividad realizada a espaldas al pueblo y soslayando el principio de la transparencia", expresó el texto, firmado, además del excanciller, por los diputados Paula Penacca, Carolina Gaillard, José Glinski, Victoria Tolosa Paz, Ricardo Herrera, Pablo Yedlin, Martín Aveiro, Jorge Romero, Andrea Freites y Nancy Sand.

La Justicia paraguaya dictó el jueves la prisión domiciliaria para el legislador por Entre Ríos y su secretaria, previo pago de una fianza de USD 150.000 cada uno.

La pareja, arrestada en la madrugada del pasado miércoles en Ciudad del Este, fue trasladada este viernes a la capital paraguaya, donde cumple su arresto en un complejo cinco estrellas que cuenta con gimnasio, quincho y salones climatizados, y que está situado a unos 20 minutos del Palacio de López, donde tiene su despacho el presidente de Paraguay, Santiago Peña.

El departamento, según indicaron sus abogados, fue específicamente elegido y alquilado por Kueider -quien tiene esposa y cinco hijos- y Guinsel Costa.