El exjuez César Melazo, el fiscal Tomás Morán y un comisario bonaerense fueron detenidos dos semanas acusados de liderar una asociación ilícita, integrada por ladrones y policías, que se dedicaba a robar casas y cometer estafas con autos falsificados, entre otros delitos. Pero la derivaciones de la causa apuntan más alto.

Según afirmó ayer el periodista Claudio Jacquelin, en un artículo publicado en La Nación, Melazo tenía contactos que se ramificaban en toda la estructura del poder, no solo de la Provincia de Buenos Aires. El periodista asegura que la asociación ilícita de la que habría formado parte el exmagistrado se trata de "un organización en la que también estarían involucrados al menos otros dos camaristas de la Justicia provincial, sobre los que hay fundadas sospechas en la causa" (uno de ellos es Martín Ordoqui) y sus vinculaciones llegarían a la cúpula del anterior gobierno provincial. 

"Un buen retrato son los cumpleaños que hacía en la amplia chacra donde vivía y que su salario judicial difícilmente le hubiera permitido adquirir sin dejar de lado muchos otros hábitos costosos que tenía. Allí concurrían ministros, magistrados de las distintas instancias de la Justicia en lo Criminal, empresarios, sindicalistas y abogados con mucha fama e influencia", asegura Jacquelin.

Entre los invitados frecuentes estaban, según indicó, el exministro de Justicia y Seguridad de Scioli, Ricardo Casal, y un abogado que "frecuenta la farándula, es amigo de populares conductores televisivos y defensor de policías que cambiaron de bando", en referencia a Fernando Burlando, contra quien "también se acumulan evidencias". 

El columnista de La Nación remarcó también "los lazos de los magistrados y fiscales imputados con el peronismo provincial", que explicarían "el acceso y la permanencia en el Poder Judicial" de Melazo pero también de Ordoqui, al que señala como exabogado de Aníbal Fernández , cuando era intendente de Quilmes.

Pero no serían los únicos contactos políticos de la banda de Melazo. El periodista señala que "uno de los locales de un barrabrava preso, cuya propiedad estaría compartida con un abogado y uno de los jueces investigados, habría albergado reuniones del peronismo local y de Cambiemos". "Están bajo sospecha inspecciones y otras actuaciones municipales de varias administraciones, desde la del exministro nacional de Justicia Julio Alak, pasando por la de Pablo Bruera, cuyo hermano fue beneficiado por esta "Justicia", hasta la actual, en manos de Julio Garro, en la cual hay algunos funcionarios preocupados por la deriva de este y otro caso", afirmó.