El Tribunal Oral Federal N° 4 ordenó hoy la excarcelación del exvicepresidente Amado Boudou, que estaba detenido en cumplimiento de una condena a cinco años y diez meses de prisión por el caso Ciccone, aunque para obtener la libertad deberá pagar un millón de pesos y colocarse una tobillera electrónica con GPS.

Así fue el voto de las juezas María Gabriela López Iñiguez y Adriana Palliotti, no así el de Néstor Costabel, que se opuso a la liberación. El exfuncionario, sin embargo, continuará sin poder salir del paìs.

Para solicitar la excarcelación, la defensa de Boudou (los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort) había planteado que la resolución adoptada la semana pasada por el juez Ariel Lijo en la causa, en la que se investiga la ruta del dinero para comprar la imprenta, confirmaba que Boudou no pretendía entorpecer la investigación, por lo que no tenía sentido su detención preventiva. 

Rúa y Peñafort, conocedores del funcionamiento de Comodoro Py, utilizaron los mismos argumentos que había usado el propio Lijo para no dictar las preventivas en los procesamientos del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, la ex jefa de la Casa de la Moneda Katya Daura o el banquero Jorge Brito, entre otros, por la misma causa.

Así lo entendieron, también, López Iñíguez y Palliotti, que fueron muy críticas de ese recurso: "A la luz de nuestra realidad carcelaria, evitar el uso abusivo de la prisión preventiva debe ser un principio rector de la magistratura". Fue un tiro por elevación a Martín Irurzun, juez de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y presidente de ese tribunal, principal impulsor de esa herramienta contra exfuncionarios del kirchnerismo.