En medio del conflicto entre la Casa Rosada y las universidades públicas, que llevan adelante protestas en todo el país en reclamo de mejoras salariales y contra el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento, el Gobierno dio el siguiente paso en su estrategia política respecto de las casas de altos estudios y comenzará la próxima semana a auditarlas, con el objetivo de controlar el uso de las partidas que reciben del Estado nacional.

El director de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Miguel Blanco, reveló los detalles del proceso, además de contar con qué universidad empezarán y cuándo estarían disponibles los primeros resultados del análisis. Asimismo, explicó cuál será la consecuencia en caso de hallarse irregularidades.

"Vamos a trabajar primero en el programa de trabajo que será fundamentalmente en el control del uso de los fondos públicos que reciben las universidades", puntualizó el síndico en diálogo con Radio con vos, y recordó que "la SIGEN ya había auditado en el pasado, hasta el dictamen de (Carlos) Zannini de 2022", por lo que ya "había un equipo que auditaba universidades" y ahora se está "rearmando".

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Según explicitó, las auditorías comenzarán la semana próxima "con algunos casos como la Universidad de La Matanza", mientras que, en el resto de los casos todavía resta armar los equipos, aunque añadió que se priorizará en qué universidades seguir "en función de los volúmenes de fondos y calidad de convenios".

Asimismo, el funcionario aseguró que el proceso está en marcha porque ya "había universidades que voluntariamente habían hecho un convenio con SIGEN para ser auditadas".

Al ser consultado sobre la metodología y la meta del programa oficial, Blanco señaló que "lo que hay que hacer es ver las facultades", ya que cada una de ellas recibe dinero "de ese presupuesto destinado a la UBA (por ejemplo), en función del nivel de importancia" y de "los convenios de trabajo que las distintas reparticiones le encargan a la universidad". Por eso, aclaró que es necesario observar "qué tipo de convenios hay, como se usan los fondos, si se hacen con recursos de la universidad, que es lo que debería ser, o si la universidad subcontrata como ha ocurrido".

"El alcance de SIGEN es fundamentalmente ver el sistema de control interno, estudiar los procesos y controles que hay en cada una de las reparticiones y después a través de un muestreo revisar el uso de los fondos", agregó y defendió: "Eso es lo que hacemos, no revisamos las cosas que tienen que ver con la autonomía de la universidad, designación de autoridades o de carreras de profesores, ese no es nuestro alcance".

Por otra parte, el síndico que llegó a su actual cargo durante el gobierno de Milei, manifestó cuándo cree que podrían estar disponibles los resultados de las auditorías: "Dependerá del volumen de trabajo, pero de uno o dos meses a partir de comenzar el trabajo podríamos tenerlos, podemos emitir informes parciales". Sobre su acceso, señaló que podrán ser a través de un pedido de "información pública", aunque están analizando subirlos a la página web del organismo que dirige.

"En el caso que haya sospecha de corrupción, si hay algún síntoma" se derivará "a la Oficina Anticorrupción y a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para que ellos sigan el curso", concluyó, tras celebrar que "más allá de los reclamos, en muchos casos justificados que puedan tener en cuanto a los fondos y demás, hay un consenso de que los fondos tienen que ser auditados, es un tema de sentido común".