La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) cruzó este jueves al Gobierno por la decisión del ministerio de Defensa de trasladar archivos de la Armada a una nueva sede para su "depuración" y eventual "trituración" y, en alusión a los registros sobre crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura, cuestionó: "Se proponen seguir destruyendo pruebas y los genocidas festejan".

Al respecto, el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, cuestionó que la decisión oficial "es un nuevo ataque a las políticas de derechos humanos" y alertó: "No es solo por su carácter de negacionistas, detrás de esto hay una estrategia clara de legitimar las prácticas de persecución, el encarcelamiento y la tortura de quienes piensan distinto para disciplinar en el presente. Tenemos que impedirlo".

Desde el gremio precisaron a través de un comunicado que enviaron un pedido de informes a la cartera liderada por Luis Petri y exigieron que "expliciten los criterios para el operativo y garanticen la conservación en condiciones de la documentación".

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En este sentido, el titular de ATE advirtió que "40 años después se proponen seguir destruyendo pruebas" y puntualizó: "Los genocidas festejan, lograron un Gobierno que pretende garantizarles impunidad y legitimar sus crímenes atroces".

"Se están vulnerando todas las leyes vigentes en nuestro país", señaló Aguiar y consideró que "no puede ser la propia Armada la que ahora lleve adelante este proceso de depuración y trituración de documentación que resulta valiosa para el fortalecimiento de una democracia que se construyó sobre el juicio y castigo de los responsables de los crímenes ocurridos durante la última dictadura militar".

En cuanto al pedido enviado a Petri, al Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Carlos María Allievi, y al secretario general de es fuerza, Enrique Antonio Balbi, desde el sindicato detallaron que exigieron al Gobierno "que informe si se le dio intervención al Archivo General de la Nación ya que, como órgano rector de todos los Archivos del país, debe intervenir en cualquier proceso de selección documental".

En sintonía con Aguiar, la secretaria de Derechos Humanos de ATE, Valeria Taramasco, apuntó que "esta decisión forma parte de una política de ataque a los Derechos Humanos en general y a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en particular" y subrayó: "Es gravísimo, porque además de desmantelar el equipo de profesionales que analizaba esos archivos y los preservaba, ahora directamente apuntan a su destrucción".

"Además nos preguntamos, ¿a cargo de quiénes queda la selección de los archivos a depurar y triturar? No sea cuestión que quede a cargo de los mismos que quieren ocultar la verdad sobre los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado y garantizar la impunidad a sus perpretradores", sentenció.

Asimismo, desde el gremio recordaron que "la política de ajuste y desmantelamiento del Estado de Javier Milei provocó el despido de la totalidad del Equipo de Relevamiento y Análisis de los Archivos de la Fuerzas Armadas".

"Incluía profesionales archivistas, historiadores, sociólogos, comunicadores", precisaron y destacaron que, "entre otras funciones, aportaba documentación a requerimiento de la Justicia en causas por delitos de lesa humanidad".