Argentina denunció este jueves la "detención arbitraria y desaparición forzada" de Nahuel Gallo ante la Corte Penal Internacional (CPI). Desde el Gobierno remarcaron que se trata de una "violación grave" de los "derechos humanos" por parte del régimen de Nicolás Maduro, quien detuvo al gendarme el pasado 8 de diciembre y lo mantiene incomunicado. 

"Este hecho constituye una violación grave y flagrante de los derechos humanos, evidenciando un patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en la República Bolivariana de Venezuela, los cuales se encuentran claramente bajo la jurisdicción de la CPI", expresó el Ejecutivo de Javier Milei en un comunicado difundido por el ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

"El Gobierno argentino continuará utilizando todos los recursos legales y diplomáticos para garantizar los derechos del ciudadano Nahuel Gallo, proteger los  derechos humanos y exigir justicia internacional", agregaron desde la cartera a cargo de Gerardo Werthein.

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Además, señalaron al Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, como parte del caso. El magistrado fue quien estampó la firma en el primer texto oficial de país caribeño sobre la situación del agente, donde se lo acusó de querer "ejecutar una serie de acciones desestabilizadoras y terroristas" con "apoyo de grupos de la ultraderecha internacional".

A su vez, desde Caracas indicaron que el militar intentó ingresar en forma "irregular" ocultando un "verdadero plan criminal bajo el ropaje de una visita sentimental". Las autoridades argentinas rechazaron esas acusaciones y respondieron con una conferencia de prensa, donde participaron Patricia Bullrich y Werthein, junto a parte de la familia de Gallo, el pasado 27 de diciembre.

En recientes entrevistas a distintos medios, Saab, aseguró que el gendarme se encuentra en Caracas, pero no confirmó exactamente su ubicación y tampoco mostró señales fehacientes de que esté vivo. Cabe recordar que el efectivo está impedido de toda comunicación desde que fue arrestado, el 8 de diciembre de 2024, cuando ingresó vía Colombia a suelo venezolano.

Desde entonces, la administración de Milei inició gestiones con Brasil y la propia Colombia para recuperar al gendarme. Debido a la ruptura de las relaciones diplomáticas con Venezuela en julio, por el desconocimiento de los resultados electorales de los últimos comicios en dicho país caribeño, no hay lazo oficial entre ambos gobiernos. 

Esta denuncia constituye la segunda realizada por el país ante la CPI contra el régimen de Maduro. La primera fue por los opositores políticos venezolanos que se encuentran asilados en la embajada argentina, donde acusaron "tratos inhumanos" por la falta de agua y electricidad y por el constante control policial sobre ellos. Magalli Meda, Pedro Urruchurtu, Humberto Villalobos, Claudia Macero y Omar González son los que todavía permanecen, mientras que Fernando Martínez Mottola se entregó y quedó en libertad condicional.