En vísperas de la Marcha Federal Universitaria en defensa de la Ley de Financiamiento que Javier Milei anunció que vetará, el vocero presidencial, Manuel Adorni, redobló las críticas a las casas de altos estudios y aseguró que "el Gobierno no está en contra del reclamo", pero sí de que "el Congreso sancione leyes que no tengan una partida presupuestaria asignada".

En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, el portavoz subrayó que el Ejecutivo nacional "está a favor de mejorar el financiamiento" en la educación pública superior mientras la suba mantenga el "equilibrio fiscal". 

Al respecto, insistió: "Todos los legisladores deben fundamentar de dónde sacan el dinero para ejecutar los aumentos que proponen, que pueden ser válidos y genuinos, pero señores, necesitamos conocer cuál es la partida que piensan recortar para pagar estos incrementos".

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A su vez, destacó que "el ministerio de Capital Humano hizo todos los esfuerzos por mejorar los salarios de los docentes y de los no docentes", y detalló: "Se ofreció un incremento del 6,8% por encima de la inflación, se ancló el salario de los docentes con los de la administración pública para que cobren en tiempo y forma y no cuando se le ocurra al gobernante de turno".

Además, afirmó que "el Gobierno aumentó 270% los gastos de funcionamiento de las universidades en mayo y otorgó unos $49.000 millones adicionales a los hospitales universitarios, exactamente lo que había pedido la Universidad de Buenos Aires (UBA)", y advirtió: "Los recursos se enviaron, lo que falta saber, y lo decimos desde el 10 de diciembre, es en qué se usaron".

En este sentido, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, ratificó en declaraciones a radio CNN que "el Presidente va a vetar la Ley porque no dice de dónde saca los recursos" y porque el mandatario libertario "no se dedica al culto de lo políticamente correcto".

En cuanto a los asistentes a las universidades, a las que el titular de la cartera educativa acusó días atrás de "inventar" estudiantes, Adorni reiteró que hay un 38,4% de los 1.749.136 registrados en 2022, que es el último dato conocido, "sobre los que no se tiene información", es decir que "no se sabe a ciencia cierta si van a clase o si no lo hacen". En tanto, "sólo el 40,6% es alumno regular", mientras que "el 20% tenía una materia aprobada o ninguna".

"No es justo que una familia bajo la línea de pobreza subsidie a los que solo van por ejemplo a hacer política a las universidades, y no a buscar el fin último, que es el de educarse", denunció el vocero antes de aclarar que el sistema universitario "funciona desde hace décadas con severos problemas, desde problemas edilicios, profesores que no cobran o cobran mal por su trabajo y algunos casos ni siquiera hay productos de higiene básica en los baños".

En este marco, cuestionó también que "los índices de terminalidad educativa vienen cayendo de manera abrupta" y adelantó que la que atraviesa la educación superior "no es una situación que se vaya a resolver en meses, sino que va a llevar años de intenso trabajo".

"Estamos dispuestos a hacerlo, por eso lo primero que hay que hacer es sentarse a discutir con el presupuesto sobre la mesa, analizar gasto por gasto y revertir esta situación", apuntó y sentenció que el Gobierno "siempre" estará abierto al diálogo para "mejorar todo lo que haga falta para que la universidad pública tenga lo que tenga que tener, que son alumnos que se reciban, que se eduquen, y presupuestos acordes a la función fundamental que tienen para nuestra sociedad".