Preocupado por actuar bajo el paraguas del consenso, el Gobierno nacional decidió postergar el debate de la reforma laboral. De esta manera, el broche de oro del “cambio permanente” que anunció el presidente Mauricio Macri tras la victoria en las elecciones de medio término del año pasado -cuya imagen positiva resultante parece haberse agotado y malgastado- se llevaría a cabo recién en marzo.

El Poder Ejecutivo se niega a volver a sancionar una nueva reforma y repetir el contexto de desgaste político al que lo llevó la modificación de los haberes jubilatorios que aún hoy intentan destacar como positivos.

Por este motivo, el oficialismo dejará el tratamiento para las sesiones ordinarias de marzo y dedicará los casi dos meses que faltan para lograr consenso tanto en la oposición como en el sindicalismo, con el que usan la estrategia de la “doble soga”: ahorcando a los insalvables como Marcelo Balcedo o Juan Pablo Medina, y salvando a los que no pueden ahorcar, como el poderoso Hugo Moyano.

La relación del Gobierno con la oposición, incluso con la que levantó la mano por Macri, se vio perjudicada en el tratamiento de la Reforma Previsional no sólo por el clima de violencia que se dio en las calles, sino también por la posterior denuncia penal del oficialismo a 11 diputados opositores.

Sin embargo, el oficialismo confía en que con el apoyo de la CGT -cuya actitud oscilante no transmite la confianza suficiente para convocar a Sesiones Extraordinarias-, un sector importante de la oposición acompañará el proyecto en ambas cámaras.

El domingo, el gremialista Héctor Daer, uno de los titulares de la CGT, advirtió que los gremios no acompañar a la iniciativa. Paradójicamente, en la misma mesa que Jorge triaca; Daer, Juan Carlos Smith y Carlos Acuña fueron quienes habían dado el visto bueno al proyecto de ley que el Gobierno planeaba sancionar en febrero, pero la reciente resistencia del Clan Moyano provocó la marcha atrás de trío cegetista.

Otra posibilidad que barajaba el oficialismo era dividir el proyecto en partes: sancionar aquellas en las que sería fácil conseguir consenso y discutir punto por punto las que generan una mayor polémica. Esta idea fue descartada debido a que son justamente los artículos más conflictivos aquellos que el Gobierno considera prioritarios.

Pese a la presencia de Cristina Kirchner, el problema para reunir los votos no se presenta en el Senado, sino en la Cámara de Diputados, dónde sin el látigo ¿opositor? de Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó prevé dificultades para conseguir el apoyo tanto del bloque del PJ desalineado al kirchnerismo como del golpeado sector de Sergio Massa, cuyo apoyo deambula en la incertidumbre.