El último tridente del "reformismo permanente” que quiere instaurar el presidente Mauricio Macri tiene dos obstáculos: la CGT y el peronismo. Como una tarea artesanal, el oficialismo volverá a tejer una red de acuerdos porque con las bancas que tiene en el Congreso no le alcanza (Cambiemos en Diputados posee 108 bancas y en el Senado tiene 25).

El tratamiento de la reforma previsional dejó un tendal de heridos entre los que está el propio Gobierno. Con el anuncio del tarifazo de transporte a cuestas, tuvo que volver a recular y el Presidente tampoco llamará a extraordinarias para febrero.

Una de las versiones que circuló fue que podría tratarse la ley por "partes” y así evitar (o discutir más a fondo) los puntos conflictivos. Según pudo averiguar elCanciller.com, esta idea no será puesta en práctica. Se lo confirmó una fuente cercana al ministro de Trabajo, Jorge Triaca. "Solo se terminará aprobando aquellos puntos que son de beneficio para los gremios, pero el resto de la reforma no se trataría nunca más", predijo ante este escenario una fuente de Casa Rosada en diálogo con el diario La Nación.

Entre los puntos los menos conflictivos que incluso cuentan con cierto apoyo están los planes para favorecer el blanqueo de trabajadores informales o beneficios como extender las licencias por paternidad.

CGT y PJ: busca el Gobierno convencer a Pichetto y aprobar la reforma labora en abril

En la CGT y el peronismo prima el mismo sentimiento: no quieren pagar el costo político de defender una ley que el grueso la siente como "impopular”. El líder del peronismo de los gobernadores en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, lo dejó en claro en diciembre: "No vamos a jugar con los tiempos del Gobierno. Además, que primero el Gobierno arregle con los sindicatos. No estamos dispuestos a tolerar que se construyan iniciativas que no son defendidas por el propio gobierno. Durán Barba cree que gobernar es hacer una elección”, apuntó.

Que caigan sindicalistas como fichas de dominó también es un elemento para tener en cuenta. Además de una serie de auditorías sobre las obras sociales (la gran caja del sindicalismo argentino) y sobre sus mismos bienes personales, como sus casas, aparece en el fondo la cárcel.