El CEO de la fintech Wenance, Alejandro Muszak, fue detenido por la Policía Bonaerense en el barrio porteño de Palermo en el marco de una causa en la que está acusado por asociación ilícita y estafas reiteradas. Sin embargo, durante su declaración tras permanecer alojado en la Subdirección Departamental de Investigaciones (Sub DDI) de Vicente López, el empresario negó los cargos que se le imputan y alegó "imposibilidad de pago".

La orden de arresto fue enviada por el fiscal de San Isidro Alejandro Guevara, quien investiga el expediente abierto en enero pasado y en el que se identificaron al menos 27 víctimas. Según informaron fuentes del ministerio de Seguridad bonaerense, durante el operativo se secuestraron una computadora Apple, un iPhone, $155.000, USD 900 y un Mercedes Benz modelo C63S.

El fundador de la compañía de servicios financieros tecnológicos fue demandado por presunto fraude cercano a los USD 1.500.000 y $5.000.000, aunque ese es solo de uno de casos por los que deberá responder ante la Justicia: entre todos los cargos, se lo responsabiliza por estafas cercanas a los USD 60 millones.

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En su cuenta de LinkedIn, Muszak se presenta como un "emprendedor hipercreativo con una sólida trayectoria en servicios financieros, préstamos al consumo, innovación y startups de tecnología financiera". A su vez, asegura tener un "profundo conocimiento sobre el lanzamiento de nuevos negocios".

En esta línea, Winance, que tenía más de 100 denuncias en su contra desde 2017, prestaba dinero por internet a sectores no bancarizados de la población aunque lo hacía a altas tasas, operación por la que fue varias veces denunciada por violar la Ley de Defensa del Consumidor. 

Sin embargo, en julio de 2023, la empresa decidió dejar de cumplir sus obligaciones con inversores, proveedores y empleados, maniobra que también perjudicó a sus trabajadores, por lo que en los expedientes judiciales los peritos hablan de "quiebra fraudulenta"

Asimismo, los expertos califican el caso como una estafa piramidal ya que en la causa consta que la compañía realizaba intermediación financiera sin autorización del Banco Central. A pesar de las pruebas recolectadas y de las promesas de pago incumplidas, la Justicia sólo reaccionó con la intervención del fiscal Guevara.