Todo sigue igual

El Canciller - Comentarios

¿Has perdido una votación en el Congreso? Tranquilo, aún puedes judicializar la sesión. ¿Has planteado tu desacuerdo con alguna decisión que tomó un ente del Gobierno? Perfecto, puedes denunciarlo por corrupción. ¿No estás de acuerdo con alguna decisión política que tomó tu antecesor? No te preocupes, Comodoro Py te espera con los brazos abiertos.

La judicialización se convirtió en el juego corriente del sistema político. Los partidos se disputan y se definen en tribunales, con los jueces como árbitros imperfectos que muchas veces sortean las simulaciones que llevan adelante los jugadores. Otras tantas, usan el reglamento y lo modifican a su favor. La Constitución es una pero las interpretaciones son múltiples.

A un año de la victoria de Alberto Fernández, el Gobierno no ha podido implementar ninguno de los cambios que anunció durante su campaña electoral. Pandemia mediante y con una reforma que no pudo aún cristalizar, siempre que quiso tomar la agenda, se la coparon. La creación del Comité de Asesores, que termina su tarea a mediados de noviembre, parece un dolor de cabeza mediáticamente hablando. Cualquier rumor o comentario que surge de las reuniones bi-semanales que se organizan entre los expertos se convierte automáticamente en una embestida al Poder Judicial. “La Comisión Beraldi”, como la llaman varios medios en referencia al abogado Carlos Beraldi, ni siquiera redactó sus propuestas y ya fueron todas criticadas y tratadas como si se fueran a implementar mañana mismo.

Del otro lado de la grieta, cualquier comentario sobre el funcionamiento judicial es visto como un ataque a la independencia de los magistrados. Excepto que el juez en cuestión (o la famosa “justicia”) falle en algún sentido que los famosos republicanos consideren inadecuado. Ahí, ese juez probo se convierte en un corrupto, un comprado o la definición que mejor le encuentren en ese momento. Si algo tienen en común cierto sector del oficialismo y la oposición es que su mejor enemigo es el Poder Judicial: pase lo que pase y ante el desprestigio que tienen sus integrantes, es fácil transformar en enemigo a aquel que firmó un fallo en contra.

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Parece un círculo vicioso: la misma política empodera a los jueces que luego critica. Así nació el poder de Comodoro Py. La impotencia de la política se transformó en la fortaleza de los magistrados en Retiro. Allí están las principales causas contra Cristina Fernández de Kirchner (algunas con poquísimos argumentos) y también están los expedientes contra funcionarios del gobierno de Mauricio Macri (y si, hay algunos bastante flojos de papeles).

Mientras la Corte Suprema se toma su tiempo para resolver la situación de los traslados de Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, la atención pasa al conflicto de los hermanos Etchevehere y a las presentaciones judiciales del hermano de Macri. Hasta hace un mes y medio, las causas por espionaje manejaban la escena. Las sesiones virtuales y su validez tuvieron también su momento de gloria. Antes estuvo el enfrentamiento entre Gobierno, jueces y oposición por los presos y la pandemia. El escenario se repite, qué sorpresa.

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Esta semana se cumplieron diez años del fallecimiento de Néstor Kirchner. Uno de los grandes logros de su gobierno fue la renovación de la Corte Suprema, que venía envuelta en verdaderos escándalos y con una “mayoría automática” que aprobaba casi todo lo que Carlos Menem quería. Kirchner aprovechó las circunstancias de la época y desplegó una estrategia doble: transparentar el ingreso al Máximo Tribunal e impulsar el juicio político de aquellos que consideraba poco dignos para su puesto. Si Kirchner manejó bien o mal su relación con los sectores judiciales, si implementó cambios profundos o si simplemente se subió a la indignación de una sociedad que descreía de todo es cuestión de quién lo vea. Lo cierto es que pudo llevar adelante una reforma que consideraba como uno de los pilares de su gobierno. En el discurso de asunción y luego ante la Asamblea Legislativa, Alberto Fernández reiteró su idea de un Poder Judicial transparente e independiente. La pandemia “le comió” un año: ¿podrá?