Las claves del fallo: entre la “el factor Irurzun” y las grabaciones

El juez federal acusa a la ex presidenta y al resto de implicados de "encubrimiento y traición a la patria”. El Memorándum de Entendimiento con Irán nunca se aplicó
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Resolución del juez Bonadio que dispuso el procesamiento con prisión preventiva de Cristina Kirchner en la… by Pablo Rodriguez on Scribd

Tras el procesamiento y pedido de desafuero y detención de la ex presidenta Cristina Kirchner por la firma del Memorándum con Irán, se conocieron los motivos del fallo del juez federal Claudio Bonadio. En la medida también ordenó detener al dirigente social Luis D’elía, al iraní Yussuf Khalil y al ex canciller Héctor Timerman.

El fallo de Bonadío tiene grandes similitudes con la “jurisprudencia Irurzun”, que tras el desafuero y detención del ex ministro de Planificación Julio De Vido, estableció pautas más amplias para considerar que funcionarios acusados de corrupción pueden entorpecer el trámite judicial.

Martín Irurzun

En la página 453 del fallo Bonadio utiliza la jurisprudencia para ordenar el desafuero y detención de la ex jefa de Estado. ” (…) atento a sus vínculos, siendo la última nombrada Senadora Nacional electa, de continuar en libertad podrían entorpecer el accionar judicial, así como el descubrimiento de la verdad y la posibilidad de que se cumpla una sentencia condenatoria. En efecto, a poco que se considere que estos imputados permanecieron durante un prolongado período, en las más altas esferas de influencia del poder estatal – y/o con nexos con el mismo-, puede sostenerse, fundadamente, que poseían determinadas capacidades que incrementan su potencial (contactos, información privilegiada, medios económicos y capacidad de acción) tanto para evadirse, como para dificultar la producción de pruebas”.

En enero del 2015, poco antes de morir en circunstancias aún no determinadas en el piso 13 de la torre Le Parc de Puerto Madero, el fiscal Alberto Nisman denunció a Cristina Kirchner por orquestar un plan de impunidad para Irán. Según el fallecido fiscal (quien apoyó en un comienzo el Memorándum), existió una presunta maniobra “criminal” para intentar garantizar la “impunidad” de los iraníes acusados de perpetrar el atentado, mediante el pacto que la Presidenta firmó en 2013 con Teherán. En la página 27, Bonadio ubica como génesis del “plan” cuando después del discurso de la ex presidenta ante la ONU, “comenzó a gestarse una serie de negociaciones secretas y oficiales que mantuvieron funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, con representantes de la República Islámica de Irán que culminaron en la suscripción del Memorando de Entendimiento”.

“Esta compleja maniobra, también requirió de canales paralelos y privados de comunicación y negociación, para lo cual fue necesaria la intervención de un grupo de ciudadanos estrechamente vinculado con funcionarios y ex-funcionarios de los gobiernos involucrados que contribuyeron, desde la informalidad, con las acciones necesarias para la concreción del plan. Entre ellos corresponde mencionar a Luis Ángel D’ELÍA, Fernando Luis ESTECHE, Jorge Alejandro KHALIL y Ramón Allan Héctor BOGADO, de lo que da, por ejemplo, las múltiples llamadas telefónicas de los encartados, tanto entre ellos como con representantes de la República Islámica de Irán”, escribió en el fallo que fue difundido por el Centro de Información Judicial (CIJ).

Sin embargo, desmarcó a los diputados y senadores (que sancionaron el Memorándum) y el resto del gabinete presidencial en la maniobra; ” (…) finalmente, es menester señalar que este proceso que comenzara en septiembre de 2010 y finaliza en enero de 2013 fue realizado con absoluta prescindencia de los más importantes miembros del gabinete nacional, o de los líderes parlamentarios oficialistas como surge de las distintas testimoniales rendidas en la presente causa, así como líderes comunitarios”.

La denuncia que impulsó el fiscal Gerardo Pollicita presentó como pruebas para esta bateria de detenciones las escuchas realizadas a diversos actores de esta trama, entre los que están D’Elía y Khalil, entre otros. Sin embargo, el juez federal Daniel Rafecas las desestimó en el 2015. En su fallo sostuvo que ” (…) por su contenido, ni siquiera se puede decir que sus protagonistas estuvieran urdiendo un acuerdo y menos que respondieran a un plan criminal desde el Gobierno”.

Dato: además de basarse en la denuncia de Nisman, Bonadio utiliza, entre otras pruebas, notas periodísticas (La Nación y La Política Online) y escritos de Patricia Bullrich, Graciela Ocaña, Ricardo Monner Sans, Federico Pinedo, Elisa “Lilita” Carrió y Laura Alonso, entre otros.