La reforma judicial que “altera” a Comodoro Py

Desde el Instituto Patria desconocen los planes que tendrían en mente Marcela Losardo y Gustavo Beliz para cambiar la lógica de los juzgados federales.
El Canciller - Comentarios
@Gustavo Esnaola Si...esos privilegios son...
@luis Alejandro Son tan obscenos los...

-¿Te llegó algo más?

-No, tengo lo mismo que vos.

Los mensajes de whatsapp que circularon en grupos de judiciales durante la feria de enero decían prácticamente lo mismo. Los temas se repetían: reforma judicial y jubilaciones. “¿Hasta dónde nos quieren tocar el culo?” preguntó, sin demasiada elegancia, un fiscal con más de treinta años dentro del sistema. Pero si dentro de Comodoro Py y sus alrededores hay molestia, también la hay dentro del Frente de Todos con la forma en que se está manejando los temas y quienes están a cargo.

De las versiones que circulan, la que más resistencia genera en Py es la vieja idea de Gustavo Béliz de “convertir” los juzgados nacionales (los que investigan violaciones y homicidios dentro de la Ciudad de Buenos Aires) en federales. Ya no serían 12 los jueces que investiguen los delitos de corrupción sino más de 60, algo que Retiro resiste. A todo esto se le suma que Beliz, actual secretario de Asuntos Estratégicos, es considerado un enemigo desde su paso por Justicia durante la presidencia de Néstor Kirchner.

Hay una versión simple de reforma a la justicia federal que implicaría una fusión con el fuero penal económico (una especie de “primos” de Py y que están ubicados geográficamente a la vuelta del edificio, sobre la Avenida de los Inmigrantes). Hay otra, más sofisticada, que incluiría también a los juzgados federales del Gran Buenos Aires y La Plata.

“¿Quién está armando esto: Losardo o Beliz?”, se preguntaban desde el Instituto Patria, el lugar kirchnerista donde se delinean políticas públicas. Aseguran que no fueron consultados de absolutamente nada y que evaluarán, con los y las diputadas, cuando el proyecto sea finalmente presentado en el Congreso. A varios dentro del espacio les sorprendió que no se haya ni siquiera consultado a Raúl Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Otra de las grandes polémicas del verano, junto con la caída del Lex 100 (el software que permite que el Poder Judicial funcione), fue el rumor de que el fiscal José María Campagnoli colaboraba en los proyectos. En Py y en el Palacio de Tribunales se molestaron al instante: “nada bueno puede surgir de esto”. En el Instituto Patria sostuvieron que era él mismo quién había dado a conocer esa información “para posicionarse”. En el Ministerio de Justicia, mientras tanto, se negaron a dar precisiones. No hubo más que comentarios y la situación se diluyó, por ahora.

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“Es un tema que manejo personalmente”, dijo Alberto Fernández cuando le preguntaron sobre el tema reforma en una entrevista. Sin demasiados detalles y con la idea de mantener en secreto hasta el último momento el plan, el Presidente envío un mensaje a aquellos que empezaban a cuestionar ciertos roles dentro de la estructura de poder.

La única certeza que les brindaron a los integrantes del Principado de Retiro es que todo se empezará a debatir en el Congreso a partir de marzo y que la reforma no apuntará sólo a ellos sino a todo el sistema. De todas formas, antes se debatirá la situación de los jubilados judiciales. Desde el Gobierno propusieron un régimen distinto al actual, con un mayor descuento jubilatorio y una edad de 65 para acceder al beneficio. Los jueces y fiscales no están dispuestos a ceder, por su parte, en el 82% móvil que ahora gozan. Si la pelea escala y no se ponen de acuerdo, todo podría derivar en una judicialización del tema, donde el Gobierno tiene las de perder.