En el marco de la investigación por la desaparición forzada de los albañiles Adolfo Garrido y Raúl Baigorria en 1990, la Policía mendocina detuvo en las últimas horas al exjuez Enrique Knoll, al exfiscal Adelmo Argüello y a 19 exagentes de esa fuerza de seguridad.

Se trata de una causa de trascendencia internacional, ya que fue el primer caso de desaparición forzada en democracia en Argentina que arribó a un tribunal internacional.    

En el expediente, según informó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, se investiga lo ocurrido el 28 de abril de 1990 entre las 15 y las 16, cuando Garrido se dirigía a Godoy Cruz en un auto Fiat rural 1500, acompañado por Baigorria.

En la rotonda de Monseñor Orzali del Parque General San Martín, el vehículo fue interceptado por efectivos de la Compañía Motorizada de la Policía de Mendoza, quienes trasladaron a ambas personas primero a la comisaría 5ta, donde fue hallado el auto, y posteriormente a los calabozos de la Dirección Investigaciones, donde fueron vistas por última vez, golpeadas pero con vida.

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La causa se tramitó en la Justicia provincial desde el momento de los hechos hasta que, por el pedido de inhibitoria de la organización local de derechos humanos "Xumek", pasó al fuero federal a fines de 2017, para que se investigara el caso como desaparición forzada de personas.    

Una vez asumida la competencia, el juez federal Marcelo Garnica delegó la investigación el 9 de febrero de 2018 al Ministerio Público Fiscal, representado por la Fiscalía Federal N° 2.    

Tras ello, se efectuó un análisis pormenorizado de la causa y de la documentación existente para poder elaborar una hipótesis acusatoria que permitiera definir líneas de trabajo determinadas.    

Después de disponerse de varias medidas, la Fiscalía analizó la totalidad de la documentación y de allí se obtuvieron datos relevantes respecto del personal policial en funciones en ese momento, por lo que con esta información se solicitó a la Policía de Mendoza la remisión de los legajos de distintos integrantes de dicha fuerza que podrían tener alguna vinculación con los hechos.    

Además, se analizaron más de 150 declaraciones testimoniales brindadas tanto en sede de la Justicia provincial, como también vertidas en el marco de la actuación de la Comisión Ad hoc de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.    

El 2 de febrero de 1996, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló de forma unánime y tomó nota del reconocimiento del Estado argentino de su responsabilidad en los hechos denunciados.    

El tribunal realiza aún un seguimiento en el marco de la supervisión de sentencias, dado que hasta la fecha no se había investigado a los responsables de dichas desapariciones, así como tampoco se han hallado los cuerpos o restos de Garrido y Baigorria.    

En octubre de 2022, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, se reunió con una comitiva especial de la Corte para conversar sobre los avances de la causa.