Este jueves, la Sala II de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah, aceptó por unanimidad a Juan Grabois como querellante en la causa que investiga el criptogate, que, entre otros, tiene en la mira al presidente Javier Milei. El dirigente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) representará a tres víctimas del caso.

En un principio, la jueza María Servini había rechazado el pedido del activista de representar legalmente a los presuntos damnificados por el derrumbe de la memecoin $LIBRA Juan Marchetto, Matías Paris y Alan Vega. 

No obstante, Grabois, junto a sus colegas Nicolás Rechanik y Camila Palacin Roitbarg apelaron la decisión de Servini y este jueves el tribunal les dio la razón.

El rol de querellante le permitirá al dirigente social ser un acusador privado y pedir distintas medidas de prueba que deben ser convalidadas en la causa que está a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano.

TE PODRÍA INTERESAR: Corte Suprema: Villarruel convocó para el 3 de abril al Senado para tratar los pliegos de Lijo y García Mansilla

La Cámara resolvió aceptar a los damnificados como querellantes luego de escuchar los argumentos volcados por Grabois en una audiencia celebrada el martes pasado, en la que se exhibieron como prueba capturas de pantallas, links y videos en los que los implicados explicaban cómo habían adquirido el activo digital antes de que se derrumbara.

Las defensas de Mauricio Novelli y de Sergio Morales, los dos imputados que se presentaron hasta ahora en la causa, no hicieron objeciones.

La investigación se inició a fines de febrero, cuando el fiscal Taiano ordenó las primeras medidas de prueba con pedidos de informes a distintos organismos, tales como el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Inspección General de Justicia (IGJ).

Además de los citados, el fiscal apuntó contra el estadounidense Hayden Mark Davis, el singapurense Julian Peh y el español Manuel Terrones Godoy, quienes podrían quedar encuadrados en las figuras de "abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho", según dejaron trascender desde la Justicia.