A iniciativa de su Dirección General de Tecnología, el Consejo de la Magistratura de la Nación dio el puntapié inicial a un proyecto para implementar la Inteligencia Artificial (IA) en el servicio de Justicia. La iniciativa pretende transformar las operaciones y mejorar la experiencia de los usuarios, tanto internos como externos.

Entre sus beneficios, se espera una mejora de la eficiencia operativa, reducción de tiempos de respuesta, optimización de recursos humanos, mayor satisfacción del usuario y fortalecimiento de la seguridad y la confidencialidad, además de escalabilidad y sostenibilidad.

El proyecto se enmarca en una serie de medidas que viene adoptando el plenario del consejo. En ese sentido, el 29 de mayo del 2024 los consejeros aprobaron una serie de medidas de digitalización, despapelización y transparencia, en tanto que en la sesión del 18 de diciembre se integró el Comité de Innovación y Modernización de la Comisión de Administración y Financiera.

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El proyecto se encuentra en su estadio inicial, a consideración de las autoridades, y recoge las iniciativas de los consejeros y de distintos usuarios.

El equipo que lleva adelante la iniciativa lo componen el director de la Dirección General de Tecnología, Hernán Rondinella, y los agentes Nicolás Heit y Juan Pautasso. 

La implementación de soluciones basadas en inteligencia artificial (IA) promete un impacto significativo en múltiples dimensiones del Poder Judicial de la Nación, dado que esas herramientas están diseñadas para abordar desafíos operativos clave, mejorando tanto la experiencia de los usuarios como la eficiencia de los procesos internos.

Inicialmente, entre los servicios que se encuentran bajo estudio y desarrollo dentro del proyecto se encuentran: asistente para usuarios externos, asistente de soporte Interno, slasificador inteligente de incidencias, asistente conversacional de jurisprudencia, carga de fallos asistida para el sistema de jurisprudencia y asistentes específicos para diferentes portales del Poder Judicial.

A medida que los desarrollos superen las etapas de prueba y testeo, serán -previa autorización correspondiente- puestos a disposición de los usuarios judiciales.