La escalada de la confrontación entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) sumó un nuevo capítulo. El tribunal integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti declaró la inconstitucionalidad de una ley impulsada por Cristina Fernández de Kirchner, cuando era senadora nacional en 2006, y en paralelo el Ejecutivo contragolpeó deslizando la posibilidad de modificar la cantidad de miembros en la cúpula del Poder Judicial.

El fallo

La Corte decidió anular la Ley 26.080 que hace 16 años redujo de 20 a 13 los miembros del Consejo de la Magistratura, el órgano autárquico que selecciona a los nuevos jueces y los sanciona, además de administrar el Poder Judicial en general. Hasta ahora, esa composición se mantuvo: seis legisladores nacionales, tres jueces, dos abogados, un académico y un representante del Ejecutivo.

En base a la “regla de no predominio”, que establece que “que ningún sector cuente con una cantidad de representantes que le permita ejercer una acción hegemónica respecto del conjunto”, la CSJN falló de forma unánime en que, en todos sus años de vigencia, la configuración actual demostró que ese principio “se ha quebrado”.

En conversación con El Canciller, el abogado constitucionalista e integrante del consejo consultivo judicial del Presidente, Andrés Gil Domínguez opinó: “Es un fallo razonable. Esta composición le daba un factor hegemónico al estamento político sobre el resto”. Por su parte, el vicepresidente del Consejo de la Magistratura Alberto Lugones coincidió en ese punto. “Me parece que con 13 miembros no estaba funcionando como se debía”, respondió a este medio.

Sin embargo, Lugones criticó fuertemente el fallo: “No me gusta para nada. Esta sentencia no le hace bien al Poder Judicial. Es bastante pobre y se arroga facultades legislativas”. Lo cierto es que, al anular la ley vigente, la Corte también dispuso que debe volverse al “equilibro”, por eso le puso un plazo de 120 días al Consejo para que readecúe su composición a la versión original –previa a 2006– de 20 integrantes.

Alberto Lugones, vicepresidente del Consejo de la Magistratura.

Ese fue el motivo de la única disidencia presentada por uno de los cortesanos. Lorenzetti señaló que no se puede volver a esa conformación, porque se trata de una ley que fue derogada hace 16 años. “Coincido con Lorenzetti. En ese punto es clarísimo. La Corte no tiene la facultad de legislar. Y, al tomar una ley que está derogada y decir que es la que se va a aplicar ahora, está creando una ley nueva”, expresó Lugones.

En cambio, Gil Domínguez consideró que si es constitucional hacerlo y recordó el antecedente de la ley de democratización de la justicia en 2013, que “se sancionó, la Corte la declaró inconstitucional y entonces se restableció la ley que estaba antes; porque sino quedaba un vacío”.

Pero hay un punto más a tener en cuenta. El Máximo Tribunal estableció que si los cambios exigidos no se realizaran al finalizar los 120 días previstos, los actos del órgano autárquico serán nulos a partir de ese momento. Lugones opinó que “es poco tiempo” y también advirtió: “Se tienen que alinear todos los planetas para que de acá a esa fecha esté todo integrado y es posible que no se pueda conseguir. Es decir, se pararía el funcionamiento del Consejo. Y al organismo no solo le compete la selección de magistrados y el tema disciplinario, sino también toda la parte administrativa que hace a los recursos para que los tribunales funcionen. Es decir, estarían parando a todo el Poder Judicial”.

El contragolpe del Gobierno

En su dictamen, la CSJN también exhortó al Congreso a que sancione una nueva ley para definir la composición. Lo cierto es que con el objetivo de anticiparse a este fallo, el Gobierno ya había enviado la semana pasada un proyecto al parlamento. El documento establece un Consejo de 17 integrantes y con mayor preponderancia del estamento técnico y académico.

“Es mejor que este que se declaró inconstitucional”, sostuvo Gil Domínguez, quien no se caracteriza precisamente por tener una mirada afín al oficialismo. Aunque también agregó: “Nosotros como Consejo consultivo le propusimos al Presidente 16 miembros divididos igualitariamente: cuatro para cada uno de los cuatro estamentos”.

Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista e integrante del consejo de asesores en materia judicial del presidente Alberto Fernández.

La decisión del Máximo Tribunal generó resquemor en la Casa Rosada. Durante su discurso de cierre en el Consejo Económico y Social (CES), Alberto Fernández afirmó este miércoles que es necesario "abrir una discusión honesta sobre el mejor diseño de la Corte” y puntualizó en su cantidad de miembros, una debate que atraviesa la agenda judicial desde fines del 2020. Minutos antes del fallo, la vocera presidencial Gabriela Cerruti ratificó lo anticipado por el mandatario y dijo que la “reforma de la Corte es uno de los temas que el Gobierno tiene en debate”.

“A mí me parece que tiene que ser una Corte más amplia, pero eso tiene que darse con una reformulación de su funcionamiento interno. Sino no sirve de nada”, precisó Gil Domínguez. La decisión del Ejecutivo se enmarca en una escalada de la confrontación con los cortesanos que lleva meses. “Si tenés un Ministro de Justicia como (Martín) Soria, que va a la primera entrevista institucional para casi insultar a los jueces de la Corte, es evidente que hay una confrontación”, dijo el miembro del comité asesor. “No son las formas. No creo que sea un escenario factible como para impulsar una reforma”, agregó.