Los legisladores nacionales de Juntos por el Cambio buscan que los mandatos de los jueces concluyan de manera automática al cumplir 75 años. Este proyecto se presentó en medio de la polémica por la situación de la magistrada Ana María Figueroa y fue impulsado por los dirigentes del PRO Pablo Tonelli y Álvaro González. 

El objetivo es reglamentar lo establecido en el artículo 99 de la Constitución Nacional respecto a los cargos de los jueces. Además, en el inciso 4 del mismo, se establece que los jueces del Poder Judicial de la Nación finalicen sus tareas al cumplir 75 años, aunque también habilita a que sus mandatos se extiendan por cinco años más. 

Por otro lado, determina que el cese no estará sujeto a decisión o condición y se producirá, de pleno derecho, el mismo día que el magistrado cumpla la edad de 75 años o el día del vencimiento, si se prolongó la designación; salvo el caso de un previo y nuevo nombramiento.

Todo surgió a partir de la polémica que se desató con la jueza de Casación Penal Ana María Figueroa, quien cumplió el 9 de agosto el límite de edad, pero se rehusó a abandonar su cargo, con la excusa de que el Senado está en proceso de revisión de la extensión por cinco años de su designación.  

Ante esto, Pablo Tonelli sostuvo: "Evidentemente no basta con lo dispuesto por la Constitución Nacional, ni con el sentido común y la decencia. Hace falta reglamentar el cese de los magistrados a los 75 años para que quede claro que no pueden continuar en funciones luego de cumplir esa edad, salvo trámite completo y previo de prolongación de su designación". Y agregó:  "Para que quede claro: deben cesar en sus funciones, no deben cobrar más su sueldo, no deben ocupar más sus oficinas, y deben dejar todos los privilegios de jueces en actividad".

El proyecto de ley presentado por Juntos por el Cambio impulsa que una vez producida la vacante automática de los magistrados que cumplan 75 años, el Consejo de la Magistratura convoque inmediatamente al concurso de oposición y antecedentes destinado a cubrir el puesto, para reducir los tiempos de los trámites.

Según los fundamentos, los autores consideran imprescindible que la norma prevea que solo el trámite completo de nueva designación, que culmine con el necesario decreto de nombramiento emitido por el presidente de la Nación, permita al juez involucrado continuar desempeñando su cargo.