En el marco de la causa que investiga irregularidades en la contratación de seguros otorgados durante la Presidencia de Alberto Fernández por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), el juez federal Julián Ercolini ordenó el entrecruzamiento de más de 40 líneas telefónicas de todos los investigados, incluido el exmandatario.

El objetivo de la medida, encargada a la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico de la Policía Federal, es determinar el grado de relación y conocimiento que los imputados tenían entre sí, la frecuencia de esos contactos y la vinculación con los momentos en que se produjo el alta de cada póliza.

Además del teléfono del expresidente, se analizarán los del extitular de Nación Seguros Albergo Pagliano; el del bróker Héctor Martínez Sosa y su esposa y secretaria privada del expresidente, María Cantero, como así también de otros operadores de seguros.

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El cruce de información, que se realizará sobre todo el período que compendió el Gobierno de Fernández, incluye tanto líneas de telefonía fijas que los funcionarios utilizaban en las reparticiones públicas que ocupaban, como así también los celulares que aparecen registrados, tanto oficiales como privados. 

A su vez, el peritaje ordenado sobre las principales aseguradoras que tercerizaron la contratación de pólizas a través de Nación Seguros incluye los mensajes de texto que pudieron haber intercambiado los involucrados.

El llamado escándalo de los seguros se desató en febrero pasado, cuando la abogada Silvina Martínez denunció penalmente a Fernández y Pagliano por la supuesta contratación irregular de pólizas de vida para los créditos otorgados por la Anses a sus afiliados. La letrada pidió que se investigue "la presunta comisión de los delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos".

Días después, el exmandatario sumó una nueva imputación tras una denuncia de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello. Sobre esta presentación, el vocero presidencial, Manuel Adorni, reveló en su momento que incluyó los cargos de fraude a la administración pública; abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público; negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

La investigación motivada por las demandas se orienta a determinar por qué, tratándose de operaciones entre organismos estatales, intervinieron operadores de seguros privados que cobraron comisiones por su participación.