En el marco del llamado escándalo de los seguros desatado tras la detección de irregularidades en la contratación de pólizas para organismos estatales durante su Presidencia, Alberto Fernández presentó este jueves un descargo en el que denunció que sufre una "persecución política" y, en alusión al broker Héctor Martínez Sosa, aseguró: "Nunca intercedí por él".

Mientras en paralelo avanza la causa en la que se lo investiga por violencia de género contra Fabiola Yañez -que se desprendió del proceso en el que se lo acusa de favorecer la contratación de seguros del Estado con productores allegados a él-, el exmandatario realizó su primera defensa formal en el caso.

De acuerdo a lo publicado por La Nación, Fernández expuso ante el juez federal Julián Ercolini un escrito de 48 páginas en el que consideró que se trata de "una persecución política direccionada desde el sistema penal" que está basada en vaguedades y recortes de diarios con "datos falsos e imprecisos".

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En su presentación, redactada en primera persona pero que también lleva la firma de su abogada, Mariana Barbitta, el expresidente destacó que el decreto N° 823/2021, que obligaba a contratar las coberturas de organismos públicos con Nación Seguros y que el Gobierno de Javier Milei derogó, "buscó que el dinero que el Estado nacional paga para asegurar sus riesgos quede en manos del mismo Estado".

"Tuvo un propósito expreso fundado en razones de política económica que no fue otro que mantener a los recursos del Estado dentro de las arcas públicas y evitar retiros de divisas a través de reaseguros en el extranjero", subrayó Fernández, a la vez que señaló que la normativa preveía expresamente que no debe haber intermediarios.

Asimismo, afirmó que "el Presidente de la Nación no tuvo ni tiene ninguna injerencia" en esas contrataciones y, en referencia a las empresas del broker Martínez Sosa, su amigo y esposo de su exsecretaria María Cantero, indicó que es "totalmente ajeno" a ellas y agregó: "Nunca intercedí por él en la contratación de un seguro el Estado. Jamás me pidió que lo hiciera. No tengo ningún vínculo comercial".

En este marco, recordó que el productor "ha sido contratado por todos los partidos políticos que han ocupado el Gobierno nacional" desde antes de su llegada a la Casa Rosada.

Quien fuera mandatario entre 2019 y 2023 sostuvo que las denuncias en su contra son "ambiguas y vacías de fundamento", y que "no explicaron cuál fue la irregularidad concreta, ni la normativa incumplida, ni mucho menos cómo debería haberse procedido".

"Simplemente cuestionaron un decreto con esa mirada ideológico-económica, que no es más que una mera oposición a la manera de gestionar el Estado, pero que de ninguna manera constituye un delito", puntualizó.

En cuanto al juez a cargo de la causa, Fernández insistió en que Ercolini -a quien había intentado apartar por "enemistad manifiesta"- no le da garantías de imparcialidad y opinó que el dictamen del fiscal Carlos Rívolo no contiene los "datos mínimos para poner en movimiento la acción penal, salvo que, desde la Justicia Federal, se entiendan como suficientes 'datos mínimos' a la citación de fuentes periodísticas que no se sustentan en ningún documento, declaración u acto válido".