El juez federal Julián Ercolini notificó este jueves al expresidente Alberto Fernández que debe designar abogado defensor para que lo asista en la causa por presuntas irregularidades en la contratación de seguros para organismos públicos a través del Banco Nación, informaron fuentes judiciales.

La notificación es sinónimo de imputación formal contra el exmandatario, quien hasta ahora nunca se había presentado en el expediente. 

En la causa se investigan los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.

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El pasado 9 de abril, el magistrado había dispuesto la inhibición general de bienes de Fernández y pidió que se levantara su secreto fiscal y bancario.

Además del exmandatario, Ercolini amplió esa medida al extitular de Nación Seguros Alberto Pagliano; a los dueños de brokers Pablo Torres García y Héctor Martínez Sosa; a la esposa de este último e histórica secretaria de Fernández, María Cantero; y a las compañías Bachiller, San Ignacio, Castello Mercuri y San German, entre otras. 

En otros expedientes penales, como el de la fiesta de cumpleaños en la Quinta de Olivos de su esposa, Fabiola Yáñez, en plena pandemia, el exjefe de Estado fue asistido por el abogado Marcelo Sgro.

El expresidente firmó sobre el final de su mandato un decreto que obligaba a los organismos públicos a suscribir seguros de vida con el Banco Nación a través de su aseguradora, Nación Seguros.

Pese a tratarse de una relación directa entre organismos del Estado, en la investigación se determinó que intervinieron "brokers" privados a modo de intermediarios, que cobraron por ello comisiones que, según la imputación, estaban por encima de los valores de mercado.

El llamado escándalo de los seguros se desató en febrero pasado, cuando la abogada Silvina Martínez denunció penalmente a Fernández y Pagliano por la supuesta contratación irregular de pólizas de vida para los créditos otorgados por la Anses a sus afiliados. La letrada pidió que se investigara "la presunta comisión de los delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos".

Días después, el exmandatario sumó una nueva imputación tras una denuncia de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello.