El fin de los traslados: ¿empieza la reforma judicial?

Esta historia comenzó en 2016, cuando Bruglia se tomó licencia del Tribunal Oral Federal que integraba y pasó a hacer una "suplencia" (una subrogancia en el mundo judicial) en la Cámara Federal, en ese momento apuntada muy fuerte por el oficialismo macrista. La varita mágica del traslado le llegó en 2018. Meses después, llegaría Bertuzzi a ese mismo lugar y también desde un tribunal oral federal, a pesar de que los otros dos integrantes de la Cámara (Martín Irurzun y Mariano Llorens) mostraron su descontento.

Los traslados son situaciones excepcionales. Generalmente, uno juez o jueza concursa para algún lugar y se queda allí. Hace varios meses, el Consejo de la Magistratura se puso a revisar una serie de traslados y consideró que en diez casos no se había cumplido con los requisitos pertinentes, entre ellos, el de tener el aval del Senado de la Nación para consolidarlo.

Un ejemplo de traslados que tuvieron que buscar el okey del Senado fue el del juez actual de la Casación Federal Carlos Mahiques, breve ministro de María Eugenia Vidal. Después de ese paso por la política, volvió a su función en la Cámara de Casación Nacional, que se encarga de revisar las causas por delitos “comunes”. Cuando el oficialismo macrista le dio el okey al traslado a la Casación de Py, su pliego tuvo que pasar por el Senado luego de que la Corte así lo recordara. Consiguió los votos y se quedó en Py.

El Consejo mandó, entonces, diez pliegos al Senado para que se termine con el trámite: Bruglia, Bertuzzi y Germán Castelli consideraron esta decisión como parte de una persecución del kirchnerismo y decidieron judicializar la situación en el famoso fuero de la gobernabilidad, el Contencioso Administrativo Federal. Los dos primeros intervinieron en algunas causas que involucraban a Cristina Fernández de Kirchner: no la investigaron directamente sino que su rol en la Cámara Federal es el de revisar las investigaciones y en todo caso confirmar o revocar procesamientos. Actualmente, no hay causas relevantes contra la vicepresidenta en etapa de investigación, por lo que ya no intervienen en ellas. Castelli integra el Tribunal Oral Federal 7, el que salió sorteado para tener la afamada causa de los cuadernos. No tiene aún fecha de inicio ese juicio (algunos calculaban fines de 2021) pero su rol ahí no es de investigador sino de juzgamiento.

Hasta ahora, los planteos judiciales no les han dado una respuesta favorable a los tres mosqueteros y eso fue lo que motivó su ida vía per saltum (una herramienta excepcional) hacia la Corte, donde tienen apostadas sus fichas. A la Corte no le gusta que la apuren ni le marquen la cancha. Quedó evidenciado con el “téngase presente” que le dio como respuesta al pedido de tratamiento urgente que le llevaron los jueces esta semana. “La Corte va a resolver cuando resuelva”, es el mensaje. Ni antes ni después, ni apurada por los reclamos de inconstitucionalidad que esgrimen sectores de la oposición ni por una minoría bulliciosa enfrente del Palacio de Tribunales.

Con esta decisión del Senado, ahora se viene una fase cuasi desconocida. El Poder Ejecutivo debería publicar un decreto simple donde se da a conocer y se hace oficial el rechazo al traslado. Eso viaja hasta la Cámara de Casación Federal que tiene lo que se denomina como “superintendencia” en Py. ¿Qué es esto? Significa que administrativamente debería gestionar la vuelta de Bruglia y Bertuzzi al Tribunal Oral Federal 4. Castelli, el menos nombrado, debería volver a un Tribunal Oral de San Martín y abandonar el TOF 7.

¿Puede Casación demorar este proceso de “desalojo”? Las opiniones están cruzadas y está pendiente aún la esperada intervención de la Corte. En Py, la llegada de Bruglia y Bertuzzi (y más la del segundo) fue bastante criticada por lo bajo y hasta el trasladado Mahiques admitió semanas atrás que los jueces tendrían que haber pasado por el proceso en el Senado.

¿Funcionará Retiro como bloque o abandonará a su suerte a los trasladados? El diálogo con el gobierno no es bueno pero tampoco les interesa meterse en una batalla para arreglar las cuestiones que el macrismo hizo de forma desprolija. Pueden argumentar, dicen algunos, que con esa decisión pendiente, todavía no es momento de efectivizar su salida.

Para el ala más K de la coalición de Gobierno, desarmar los traslados de dos de los jueces que más criticaron es una victoria y un paso más hacia el objetivo de desarmar “el mal Comodoro Py”.  Para los moderados, es corregir algo que el macrismo había dejado y se preguntan: “Si Alberto Fernández auspicia un traslado de un juez a un lugar clave en las causas contra Macri, ¿no lo repudiarían?”.

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El conflicto todavía no está resuelto y la oposición parece haber recuperado su respeto por las instituciones y los procedimientos constitucionales, algo que olvidaron cuando fueron gobierno. La Corte, al igual que con la coparticipación que judicializará Horacio Rodríguez Larreta, será trascendental y jugará a lo que le gusta: ser árbitro de los conflictos de poder.