El Congreso, el Consejo de la Magistratura y la AFI: dardos de la Corte por el festival de escuchas

Preocupación, atentado a la confianza pública y bajada de línea. La Corte se decidió, por fin, a ponerle límites al "festival de escuchas” de los últimos meses. Con una acordada firmada por los cinco supremos, algo inédito últimamente, se encargaron de repartir palos para todos.

El Congreso, por no intervenir vía la comisión bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia; los jueces que ordenan escuchas y el Consejo de la Magistratura, por no controlar. Todos en la mira.

Pero lo más contundente quedó prácticamente sepultado entre las 16 hojas de la acordada. En dos renglones, la Corte le pide a la comisión del Congreso que certifique que la Agencia Federal de Inteligencia no está realizando tareas de investigación criminal "ajenas a las expresa y específicamente solicitadas como requerimiento de asistencia por los magistrados”.

Es decir, está la sospecha de que la AFI hace bastante más de lo que le piden y directamente estaría llevando a cabo escuchas por fuera de los expedientes judiciales.

¿Por qué sale ahora la Corte? Los pedidos para que intervengan fueron de lo más variados. Desde el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires hasta jueces y abogados que visitaron despachos del cuarto piso del Palacio para mostrar su indignación y también su encono por la cantidad de filtraciones de los últimos meses.

Los ojos (y las críticas) se posaron rápidamente en la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), la oficina que Ricardo Lorenzetti ideó cuando Mauricio Macri le quitó en 2016 las escuchas a la ahora ex procuradora general Alejandra Gils Carbó.

La DAJuDeCO es la única que tiene la potestad de realizar las interceptaciones de manera legal. La AFI funciona, con sus agentes, como una "auxiliar" que se encarga de procesar, desgrabar o retirar las escuchas en ciertos casos.

Desde Talcahuano 550 salieron siempre a defender a la Dirección. La primera etapa del #EscuchasGate fueron las conversaciones filtradas de Cristina Fernández de Kirchner con Oscar Parrilli en 2017 (con un revival a principios de 2018). Ese episodio generó desconfianza entre la DAJuDeCO, los jueces y la gente de la AFI, que fue aumentando a medida que "se publicaban" más escuchas.

"Que esta Corte Suprema sigue con preocupación los acontecimientos de público conocimiento vinculados a la difusión pública de la captación de comunicaciones, cuya interceptación y captación solo puede ser dispuesta por orden judicial en el marco de procesos penales en curso”. Así abren la acordada Lorenzetti, Rosenkrantz, Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti.

Los "acontecimientos de público conocimiento” son todas las escuchas que "se filtraron” de varios presos kirchneristas (y no tanto) que están cumpliendo diversas penas en Ezeiza y Marcos Paz. La mal llamada operación Puf Puf.

Y aunque parece un chiste, los cinco jueces hacen todo un descargo de cuándo y por qué debe realizarse una escucha. Como si estuvieran todos recién salidos del CBC de Derecho, les recuerda: "La obtención furtiva de datos personales o información sensible que no encuentra fundamento en una investigación judicial, la elaboración de registros meramente ‘preventivos’, la divulgación, tráfico o comercio de los datos obtenidos en base a una finalidad originariamente lícita, la amenaza o el chantaje derivados de la posesión de datos íntimos que no resultan conducentes para el esclarecimiento de un delito, no solo deben ser prevenidos y castigados por la ley y la jurisprudencia subsecuente, sino que deben merecer el máximo repudio social, pues constituyen un atentado a la confianza pública”.

Ahí el palo parece ser para los jueces, a quienes, luego, a través de una especie de manual de usos y buenas costumbres sobre escuchas, les indica que "extremen los recaudos” cuando se trate de conversaciones entre imputados y sus defensores. Y les deja un mensajito: "La interceptación de las comunicaciones entre un imputado y su abogado defensor constituye una grave violación a la garantía constitucional de defensa en juicio. Sin la garantía de la defensa en juicio, toda la población ve comprometida la vigencia del estado constitucional de derecho”.

"La interceptación de las comunicaciones entre un imputado y su abogado defensor constituye una grave violación a la garantía constitucional de defensa en juicio”.

Por si fuera poco, vuelve con su sospecha sobre la AFI y le pide a los jueces penales que apliquen "de forma restrictiva” la potestad que tienen de pedir la intervención de la Agencia de Inteligencia en este tipo de casos. También les deja un recordatorio: todas las conversaciones que sean intrascendentes para las causas deben ser destruidas, algo que no se habría aplicado en el caso del escándalo.

No se olvida la Corte del Consejo de la Magistratura, al que le pide que se arremangue un poquito y que empiece a investigar cuál es el criterio que aplican los jueces para interceptar comunicaciones. El Consejo, dominado hoy por el oficialismo, tendrá que dilucidar qué hace con esta pequeña tarea.

Por último, los cinco jueces piden ya que se trate en el Congreso una proyecto de ley que apunta a regular la cadena de custodia de las interceptaciones. Creen que así quedará claro que la Dirección de Asistencia Judicial cumple y que las filtraciones salieron por otro lado. El momento no es el mejor: en año impar, las sesiones escasean.

Lo que queda claro es la molestia que hay con la AFI y sus manejos. La pista sobre esto la dio la Corte cuando le brindó un tibio apoyo al juez Alejo Ramos Padilla, que investiga las implicancias que podría tener la Agencia Federal de Inteligencia en la causa D'Alessio.

Ir contra la AFI es ir contra Gustavo Arribas, amigo de Mauricio Macri y por ahora blindado ante cualquier embate. La figura de Silvia Majdalani, la Nº2 de la Inteligencia argentina, tampoco da garantías. ¿Continuará?