El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Mario Villar pidió este lunes duplicar la pena impuesta a la expresidenta Cristina Kirchner -condenada a seis años de prisión- por "administración fraudulenta agravada" en la causa abierta por irregularidades registradas entre 2003 y 2015, en el marco de la asignación de la obra pública nacional en Santa Cruz. Asimismo, insistió en sumar el delito de "asociación ilícita" a las sentencias resueltas en su momento por el Tribunal Oral Federal 2 al término de un juicio oral. 

La parte acusatoria fue la encargada de inaugurar este 26 de febrero las audiencias públicas que se desarrollan en los tribunales de Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro, para revaluar las condenas a la exmandataria y a otros funcionarios. Por su parte, la defensa de Kirchner, a cargo del abogado Carlos Beraldi, se presentará el próximo 7 de marzo y reclamará que se revoque la sentencia y que se le dicte su absolución, al sostener que no hay pruebas directas y que los jueces actuaron de manera "arbitraria".

Los magistrados Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, integrantes de la Sala IV del máximo tribunal penal federal del país para esta causa, deberán escuchar a todas las partes en audiencias programadas hasta abril y resolver si confirman, revocan o agravan la condena.

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Según Villar, durante el gobierno de Cristina Kirchner hubo "una verdadera asociación criminal" integrada por funcionarios del Estado Nacional, quienes decidieron "desviar fondos hacia ellos mismos". En este sentido, ratificó "el delito de asociación ilícita, integrada por Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, José Lopez, Nelson Periotti y Lázaro Báez".

El Tribunal Oral había absuelto a todos los acusados por este delito con un veredicto dividido, ya que los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu votaron en contra de la condena mientras que Andrés Basso lo hizo a favor. 

Este lunes, el fiscal aseguró que Báez "se convirtió en uno de los participantes (de la asociación), quien recibiría el dinero por la supuesta obra pública" y remarcó que "se necesitaba un empresario que estuviera dispuesto". Asimismo, subrayó que para lograr "el fin delictivo" se "construyó un esquema de corrupción para manipulación de la obra pública en Santa Cruz" y el Tribunal Oral Federal 2 incurrió en un "razonamiento arbitrario" al descartar la asociación ilícita "a los cinco miembros".

Además, cuestionó la absolución en el juicio por desvío de la obra pública en Santa Cruz del extitular de la cartera de Planificación Federal Julio De Vido. "Cada ministro es responsable de los actos que legaliza", es decir "que tiene responsabilidad por las resoluciones de su competencia", remarcó. 

Las audiencias tendrán lugar en los tribunales de Comodoro Py 2002 (Foto: Pablo Añeli/Télam).

La primera sentencia a la expresidenta la dio a conocer el 6 de diciembre de 2022 el Tribunal Oral 2, y sus fundamentos se difundieron al año siguiente, abriendo el período para las apelaciones presentadas por la fiscalía y las defensas. 

Durante el debate, se reveló la adjudicación del 80% de la obra pública nacional de Santa Cruz a empresas vinculadas al también condenado empresario Lázaro Báez, por lo que los tres magistrados coincidieron en que existió un delito de "administración fraudulenta". Según la acusación, también se cometieron irregularidades como el pago de sobreprecios y la falta de controles.

Para ellos, la entrega a compañías de Báez, entre ellas Austral Construcciones, de 51 obras públicas viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015, constituyó "un hecho de corrupción estatal" que derivó en un "perjuicio descomunal" a las arcas públicas. 

Los jueces consideraron que dicha adjudicación se cometió con un "fin económico" en "beneficio del empresario y sus socios comerciales". Además de Kirchner y Báez fueron condenados a seis años de prisión el exsecretario de Obras Públicas José López y el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti.

A su vez, recibieron sanciones de entre tres y seis años de prisión los exfuncionarios de Vialidad Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Osvaldo Daruich, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez. En tanto, De Vido y los exfuncionarios Abel Fatala y Héctor Garro fueron absueltos, algo que también se debatirá en Casación. En el fallo, que aún no está firme, se ordenó el decomiso de unos $85.000 millones.

Ahora, Casación revisará el veredicto y, una vez terminadas las audiencias, tendrá 20 días hábiles para resolver, aunque el plazo podría extenderse.