A casi 30 años del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el juez federal Ariel Lijo declaró de acceso público un informe secreto de la antigua secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) -actual Agencia Federal de Inteligencia (AFI)- que ratifica la responsabilidad de Irán en la organización del ataque.

El documento, titulado "Temática: AMIA. La conexión internacional. El esclarecimiento del atentado terrorista y la individualización de sus autores", había sido desclasificado por el magistrado antes de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenara días atrás a la Argentina por las irregularidades en la investigación del hecho, aunque en las últimas horas se revelaron detalles de su contenido.

Elaborado en 2003 y conocido como "Informe Toma" por su autor, el entonces jefe de la agencia de inteligencia, Miguel Ángel Toma, el paper brinda especificaciones sobre el rol de las personas que perpetraron el ataque contra la mutual judía el 18 de julio de 1994 y sus contactos en Paraguay, Chile y Brasil.

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En este sentido, el documento detalla el papel de Mohsen Rabbani, acusado de planificar el atentado que dejó 85 muertos y más de 300 heridos, como así también la llegada a Argentina de Samuel El Reda, uno de los líderes de Hezbollah, señalada por el hecho y que, según este archivo, habría obedecido a órdenes de Irán.

Fue justamente este informe, del cual se desclasificaron unas 200 páginas de 10.000, el que utilizó en abril pasado la Cámara Federal de Casación Penal para determinar que tanto el ataque sufrido por la AMIA como el perpetrado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992, fueron organizados por el país asiático y ejecutados por el grupo terrorista libanés.

Días atrás, la CIDH condenó la Argentina por haber faltado "en su deber de investigar", además de "las dilaciones injustificadas en el proceso y, en general, la falta de esclarecimiento y la impunidad". El fallo, luego de una demanda que impulsó la organización Memoria Activa, resaltó que ese accionar generó en los familiares de las víctimas "sentimientos de angustia, tristeza y frustración".

Asimismo, advirtió que "el Estado conocía de una situación de riesgo real e inmediata sobre los sitios identificados con la comunidad judía y que no adoptó las medidas razonables para evitar dicho riesgo".