¿La grieta se llevará puesta la reforma judicial?

El sistema judicial, de acuerdo a encuestas privadas, es una de las instituciones que más desconfianza genera en la sociedad. Están los que critican a los jueces por dilatar causas de corrupción; los que sostienen que cajonean expedientes; los que afirman que todo es trucho y que nadie trabaja. Están las personas que se indignan porque no pagan Ganancias o las que marcan que solo trabajan seis horas. Las críticas siguen: que son el poder menos democrático, que el sistema es lento, patriarcal, misógino. Que defiende chorros de todo tipo o que solo se ocupa de ciertos crímenes y no de otros. Que es clasicista.

Por derecha o por izquierda, las críticas se reproducen, se retroalimentan. Casi todas tienen algo o mucho de verdad. Alberto Fernández lo sabe, conoce el sistema, conoce a muchos de los individuos que habitan ese maravilloso mundo y sabe también que todo lo que pase con la justicia federal, especialmente la de Comodoro Py, impactará y mucho. En las últimas semanas, en los últimos meses, al Gobierno le coparon la agenda. Primero lo hizo la pandemia y el Presidente pudo capitalizarlo hasta que la oposición volvió a coparle la parada. Impuso la discusión de la falsa liberación masiva de presos, de la expropiación de Vicentin y el fin de la propiedad privada. Las marchas por la libertad, la inseguridad, todo en un combo. De alguna u otra forma, al Gobierno le costó manejar sus propias discusiones y se vio otra vez perdido en el matete mediático, donde se sabe, siempre es más sencillo ser opositor que defender gestión.

Antes de todo esto, cuando la pandemia parecía algo lejano, Alberto Fernández abrió las sesiones en el Congreso con la afirmación de que iría hacia una reforma judicial integral. Una ampliación de Comodoro Py para que no sean 12 los jueces que tengan las causas políticas sensibles; un sistema acusatorio para que los y las fiscales tengan el poder de investigar y todo sea oral y más rápido. Una reforma que revise alguna de las cuestiones que hacen que el sistema sea tan poco transparente.

El Presidente sabe que, cuando avanzó sobre el tema jubilaciones de privilegio, cosechó socialmente más apoyos que críticas. No importó que el régimen no hubiera sido consensuado con los sectores judiciales involucrados ni que finalmente terminara en un claro perjuicio a sueldos que no eran de los más altos dentro del sistema. Sin embargo, la reforma no es tan simple: sabe que a los reclamos que puedan efectuarse dentro de ese universo tan amplio al que se denomina “la justicia”, habrá quienes vean cualquier tipo de cambio como un avasallamiento a la independencia judicial. Y allí, entrará otra vez en juego la oposición y su forma de capitalizar esa supuesta defensa democrática hacia uno de los poderes del Estado. La resistencia del sistema (o de la corporación) está a la vista. Ya se habla de una avasallamiento al Poder Judicial y de un intento de controlar a la justicia.

Mauricio Macri no pudo, no quiso, no avanzó en ninguna reforma estructural. Dejó ser a Comodoro Py y a los diversos actores que lo componen que no son solo jueces sino también operadores políticos y principalmente económicos. El macrismo siempre confió en el encono que había entre los federales y Cristina Fernández de Kirchner. Y allí entra el otro gran condicionante de esta reforma: ¿cómo separar a la vicepresidenta de este proyecto del Ejecutivo? ¿Cómo no mezclar la situación particular y judicial de Cristina en el medio de una reforma que va hacia el corazón de sus problemas?

Por lo pronto, tanto si la reforma se lleva adelante o no, las causas que la vicepresidenta ya tiene en etapa de juicio seguirán el curso natural que las pruebas puedan darle. Esa es la otra gran discusión: una causa de hechos de corrupción siempre parece tener sentencia antes de que termine siquiera la etapa de investigación, y cuando finalmente llegan a juicio, a veces muchos años después, las pruebas para condenar no están. Ya sea porque esa investigación en realidad nunca las tuvo del todo o porque el sistema político depuró de otra manera ese hecho. Cristina tiene causas estrictamente relacionadas con las medidas políticas que tomó durante su gobierno y otras donde se investigan maniobras más relacionadas con lo empresarial. Dentro de las primeras, el panorama probatorio parece estar más flojo, no importa cuántas tapas de diario haya sobre el tema.

Una reforma es necesaria porque los tiempos judiciales se estiran hasta lo imposible, porque las causas que llegan a veces son insólitas, porque la judicialización de la política es una realidad y porque la connivencia que existió (¿existe?) entre los servicios de inteligencia y la justicia federal es una realidad. ¿Podrá Alberto Fernández demostrar a la sociedad que su objetivo es modificar lo malo que tiene este sistema? ¿O quedará la reforma copada por la grieta y finalmente también por la judicialización?