En una histórica y triste jornada de martes en Guayaquil, Ecuador, al menos diez personas murieron y una cantidad no precisada resultó herida, tras varios atentados narcos. Ante esto, el presidente Daniel Noboa ordenó a las Fuerzas Armadas “ejecutar operaciones militares para neutralizar a estos grupos” y declaró la existencia de un Conflicto Armado Interno.

La irrupción en un canal de TV, la toma de agentes policiales como rehenes y el ingreso de pandilleros armados al campus de la Universidad Nacional, donde secuestraron a estudiantes y profesores, generaron el caos en la ciudad ecuatoriana.

"Vamos a trabajar de manera proactiva y colaborativa con la fuerza pública, a quienes apoyamos irrestrictamente. Seguiremos cooperando con nuestro contingente local de seguridad para fortalecer la respuesta conjunta ante la seria crisis de seguridad”, remarcó el alcalde Aquiles Álvarez. 

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Los agrupaciones delictivas responsabilizan por el aumento de violencia al presidente Noboa, quien asumió en su cargo en noviembre de 2023 y comenzó una dura batalla frente al narcotráfico. 

Según informó la agencia de noticias Reuters, todo habría comenzado días atrás cuando se dio a conocer que Adolfo Macías, líder de la banda criminal “Los Choneros”, se había fugado del penal donde cumplía una condena de 34 años. A partir de esto, hubo distintos incidentes en varios centros penitenciarios e incluso se secuestraron a guardias penitenciarios.

El primer hecho ocurrió alrededor de las 14:30 de este martes, en plena transmisión del noticiero de TC Televisión, cuando un grupo de hombres encapuchados y armados interrumpió en vivo. Por lo que se pudo observar durante la emisión, se escucharon gritos, disparos y pedidos de ayuda por parte de los periodistas presentes. También se pudo identificar que los delincuentes obligaron al personal a arrojarse al suelo, al mismo tiempo que mostraron a la cámara granadas y fusiles. 

El momento en el que los delincuentes le ponían explosivos a los periodistas.

Horas después, sucedió algo similar en la Universidad Nacional, cuando otro grupo narco ingresó en las instalaciones para secuestrar y atacar alumnos y profesores, quienes huyeron a los gritos. Ante esto, el ministerio de Educación decidió suspender la presencialidad y que las clases continúen de manera virtual. 

Alumnos y docentes buscan protegerse ante el ingreso de los delincuentes.

“He firmado el decreto ejecutivo declarando Conflicto Armado Interno e identifiqué a los siguientes grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes: Águilas, ÁguilasKiller, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller, Choneros, Covicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los p.27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7, Tiguerones”, escribió Noboa en su cuenta de la red social X.

La policía local confirmó 13 arrestos y publicaciones de la fuerza en las redes sociales mostraron fotografías de jóvenes tirados en el suelo con las manos atadas a la espalda.

Por último, ante esta situación, el presidente firmó un decreto de estado de excepción que afecta las reuniones y planes sociales en la franja horaria entre las 23 y las 5 de la mañana. Sin embargo, existen ciertas excepciones:

a) Servidores de la salud: médicos, paramédicos, enfermeras, auxiliares de enfermería.
b) Trabajadores de seguridad y fuerza pública.
c) Servicios de emergencia vial: bomberos, ambulancias, equipos de rescate, Cruz Roja.
d) Servidores públicos de Presidencia, Vicepresidencia, ministerio de Interior, Gobierno, Defensa, Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado y Cuerpo diplomático acreditado en el país.
e) Servidores públicos o contratistas de entidades públicas que acrediten que deben desplazarse para asegurar la continuidad de los servicios públicos.
f) Los trabajadores de la cadena de logística del sector exportador.
g) Personas que deben trasladarse desde y hacia los aeropuertos por vuelos programados dentro del horario del toque de queda.
h) Abogados, siempre que acrediten la necesidad de acudir a una diligencia judicial, funcionarios de la Corte Constitucional y, servidores públicos de la Función Judicial.
i) Trabajadores de medios de comunicación social.
j) Trabajadores de los sectores estratégicos.