El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso un bloqueo total a las propiedades del gobierno venezolano en territorio norteamericano en un nuevo golpe al cuestionado régimen de Nicolás Maduro en el país caribeño. 

Si bien Trump es uno de los principales líderes políticos opositor al gobierno chavista, la medida (un paso importante en la presión por desplazar a Maduro del poder) sorprendió porque se trata de la primera de su tipo en tres décadas para el hemisferio americano. Actualmente solo sobre Corea del Norte, Irán, Siria y Cuba pesa una restricción del mismo tipo.

Hasta el momento no se sabe a ciencia cierta en qué nivel financiero y económico va a afectar a Venezuela, si bien aísla al país del sistema financiero internacional. Este martes, funcionarios norteamericanos detallarán los alcances. 

La orden de Trump, que reconoce desde enero a Juan Guaidó como presidente interino, abarca a "todos los bienes e intereses en propiedad del gobierno de Venezuela en Estados Unidos", activos que ahora "no pueden ser transferidos, pagados, exportados, retirados ni manejados". Es decir, embarga propiedades, restringe cualquier tipo de operaciones y acceso al sistema financiero mundial y amplia la lista negra de funcionarios. Esto podría afectar intereses de China y Rusia, dos de los principales aliados de Maduro. 

Hasta el momento, ni el mandatario venezolano ni sus funcionarios se han expresado al respecto, aunque si han acusado en reiteradas oportunidades a Washington de haber emprendido una guerra económica en su contra y le atribuye el colapso económico del país a las sanciones.

El anuncio de Estados Unidos se da en horas previas a la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, que reune este martes a más de 60 delegaciones, donde el diplomático John Bolton explicará los detalles del congelamiento y presentará el plan de reconstrucción económica que Trump y sus aliados tienen pensado  para un eventual "día después" de la salida Maduro.

 Por si fuera poco, hace poco más de un mes, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, presentó un crudo informe con la realidad que atraviesa Venezuela y denunció la sistemática violación de derechos individuales y colectivos, así como la represión y la persecución política a los opositores. Aunque legitima al gobierno de Maduro, lo responsabiliza de la profunda crisis social y económica que vive el país desde hace años.

Anteriormente, Trump ya había sancionado a más de 100 funcionarios venezonalos y había impuesto sanciones a la petrolera Citgo, el fuerte económico venezolano.