A partir del acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht, el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) invalidó la totalidad de la evidencia por la que se detuvo a Lula Da Silva en 2018 y calificó el hecho como "uno de los mayores errores judiciales en la historia del país”.

El magistrado José Antonio Dias Toffoli reconoció la solicitud de la defensa del actual Presidente y declaró como “inútiles” las pruebas, al considerar que fueron obtenidas por medios “heterodoxos e ilegales” por el exjuez Sergio Moro -exministro de Jair Bolsonaro- y los exfiscales de la causa conocida como Lava Jato. Al igual que Moro, el exdiputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR) podrían ser sancionados en el ámbito penal, pero no en el administrativo.

El convenio entre el Ministerio Público Federal y la empresa había sido firmado en diciembre de 2016 y fue ratificado en mayo de 2017. Odebrecht se comprometió a  revelar conductas ilícitas y a cesar las prácticas con pago de multas en Brasil, Suiza y Estados Unidos y su entonces Presidente, Marcelo Odebrecht, fue detenido.

Lula fue encarcelado en abril de 2018 -acusado de corrupción pasiva y blanqueo de dinero-, no pudo participar en las elecciones presidenciales de ese año (ganadas por Bolsonaro) y fue liberado recién en noviembre de 2019 en Curitiba. En total, estuvo 580 días en prisión. Posteriormente, en 2021, el STF anuló las sentencias y, para 2022, Lula pudo presentarse como candidato para los comicios nacionales.

El ministro de Justicia, Flavio Dino, celebró la decisión judicial que deja atrás "una de las páginas oscuras" de la historia del país. "La decisión del juez Toffoli tiene dos implicaciones: una es jurídica, al reafirmar la inocencia del presidente Lula, que fue injustamente juzgado sin el debido proceso legal. La otra es política, al dejar constancia de los absurdos perpetrados en una página oscura de nuestra historia", manifestó en redes sociales.