Derecho a la vida (en América Latina)

Miles de paceños y paceñas avanzan en bloque hacia el centro de la sede del poder político en Bolivia. Llegan desde Senkata, lugar donde se ubica la principal planta de gas de YPFB que alimenta a La Paz y que en los últimos días ha sido testigo de una matanza producto de la represión que sufrieron los manifestantes mientras mantenían bloqueados los accesos, en reclamo al restablecimiento de la democracia en Bolivia. Lo hacen a pie, llegan después de andar varios kilómetros al sol. 

Un video capta la escena desde arriba. En el centro de la imagen, se ubica un tanque militar rodeado de cientos de personas que lo esquivan para poder avanzar. Entre los manifestantes, unos cuantos cargan en sus hombros los féretros de sus familiares asesinados en la tarde del martes. La Defensoría del Pueblo confirmó que fueron al menos ocho las personas fallecidas en el operativo policial-militar y que todos murieron por el impacto de armas de fuego. Piden por sus muertos. Le piden al poder político, principal responsable del accionar policial-militar, una explicación. 

A pesar del cerco de las fuerzas de seguridad, no se detienen. Avanzan hasta que comienzan a escucharse los primeros disparos. Nadie tiene la certeza de saber si son gases o balas. La marcha se frena hasta que vuelven a escucharse más disparos. De un segundo al otro, la multitud se dispersa, corren en cualquier dirección, retroceden en busca de protección. Las personas con los cajones en sus hombros intentan escapar también pero lo hacen más lento, quieren llevarse con ellos a sus muertos. El gas que le tiran en la cara no se los permite, se ven obligados a dejar los cajones envueltos en whipalas de colores en el medio de la calle, justo al lado de los tanques. Volverán por ellos después, pero ahora necesitan preservar su propia vida. 

Violencia de Estado

Ya con las muertes en Sacaba en Cochabamba, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet sostuvo que “mientras las primeras muertes se produjeron como resultado de enfrentamientos violentos entre manifestantes rivales, las más recientes parecen derivar de un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de personal policial o militar”. 

En este momento, una comitiva de ese organismo se encuentra realizando un informe sobre la violación a los derechos humanos en Bolivia, que también se sumará al relevamiento que, desde hoy y hasta el lunes, encarará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En Chile, al menos 21 personas murieron y alrededor de 1600 resultaron heridas desde el inicio del estallido social, muchas de ellas producto de la represión a la protesta que, por voluntad política, quedó en manos de las fuerzas armadas. También, habrá que esperar al informe de la ONU que, ya en terreno, avanzó con el relevamiento de denuncias respecto al accionar de las fuerzas policiales y militares así como a la responsabilidad del presidente Sebastián Piñera.

Por su parte, la Sociedad Chilena de Oftalmología entregó un informe diciendo que, entre el 19 de octubre y el 11 de noviembre, se presentaron 174 pacientes con trauma ocular severo, 34 de ellos presentaron traumatismo ocular siendo el principal mecanismo de acción herida por balines. De este este grupo, 29 sufrieron la pérdida total de la visión del ojo afectado.

Amnistía Internacional también investiga lo que ha calificado como “graves violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de derecho internacional que se han cometido en el contexto de las protestas en Chile”, que definen como hechos que no son aislados “sino que el uso excesivo de la fuerza por las autoridades chilenas ha sido una constante”.

En Venezuela, según el último informe de la ONU, casi 7.000 manifestantes perdieron la vida en el último año y medio. En 2018, el gobierno registró 5.287 muertes extrajudiciales, supuestamente por “resistencia a la autoridad”, mientras entre el 1 de enero y el 19 de mayo de este año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores. Bachelet pidió en sus conclusiones disolver las Fuerzas Especiales (FAES) de la Policía Nacional venezolana.

Si bien el Estado tiene el monopolio del uso legítimo de la violencia y debe garantizar la seguridad y el orden público, el uso de la fuerza no puede regirse por otros principios que no sean los de la legalidad y el respeto a los derechos humanos. Tampoco existe ningún decreto o decisión política que evada de responsabilidad a aquellos efectivos que comentan algún tipo de exceso, aquel que accione violando los derechos humanos deberá, más temprano que tarde, dar explicaciones ante la justicia. Las fuerzas del orden deben rendir cuentas por sus actos, incluido el uso de la fuerza.

En América Latina no sólo no tenemos democracias maduras sino que tampoco contamos con la garantía al respeto del derecho humano más elemental que es el derecho a la vida y su preservación. Todo individuo tiene derecho a la seguridad de su persona. Nadie puede ser sometido a torturas, ni a penas, ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Estamos en tiempos donde necesitamos volver a recordar las normas más elementales que protegen nuestra propia existencia, mientras algunos sectores parecen desempolvar figuras legales, como la ‘amenaza terrorista’ que refuerza la idea del ‘enemigo interno’, con el objetivo de controlar la protesta social sin rendir cuentas a nadie. Una vez más, América Latina vuelve a exigir el respeto a la vida, vuelve a pedir a que en nombre del Estado no se mate, no se torture, no se degrade, no se persiga.