Hace poco más de un mes, el gobierno de Chile y la oposición se pusieron de acuerdo en una de las principales demandas de los manifestantes: cambiar la Constitución. Pero fue recién el miércoles pasado, cuando la cámara de Diputados chilena aprobó el proyecto para avanzar con la reforma que había sido acordado el 15 de noviembre pasado por una amplia mayoría de partidos políticos, a excepción del PC y algunos partidos del Frente Amplio. 

En abril de 2020, Chile se enfrentará a una consulta ciudadana que resolverá dos preguntas. La primera, si quieren o no una nueva Constitución. La segunda, es qué tipo de órgano debería redactarla. La opción es una convención mixta constitucional, compuesta mitad por parlamentarios y mitad por ciudadanos electos para ese propósito, o una convención constitucional en la que todos sus integrantes serán electos para ese efecto. Una vez redactada la nueva Constitución, deberá ser aprobada por voto directo en otro referéndum.

Chile: camino a una nueva Constitución

En medio de la puja entre el oficialismo que proponía una modificación de la Constitución por el Congreso y la oposición que buscaba una Asamblea Constituyente electa con ese propósito, quedó como opción la Convención, un mecanismo combinado que rescata elementos de ambas posiciones. 

Pero no se trata de alterar sólo un conjunto de reglas, sino el modelo social completo. El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 que terminó con la democracia e instaló una dictadura durante dieciséis años, consolidó un nuevo modelo de sociedad, con poca participación estatal y afilados focos de control para que nada cambie, que fue protegido durante décadas por la actual Constitución. Terminar con la actual Constitución es también ponerle un freno a ese modelo.

Pero a pesar de los avances, los manifestantes siguen en las calles. Lo hacen porque deben seguir controlando el proceso que desemboque en el referéndum. Si tomamos las últimas décadas de América Latina, los procesos constituyentes no han sido más que el resultado a la presión social de su gente. 

En el caso de Colombia, 1990 se convocó a una Asamblea Constituyente la cual dio origen a la Constitución que sigue vigente en el país desde 1991, pero eso no llegó sino después de que el movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta exigieran avanzar con esta medida. En el caso de Bolivia, la llegada de Evo Morales en 2006 fue acompañada por un reclamo constitucional previo a su triunfo, que derivó en una convocatoria a una Asamblea Constituyente de manera urgente luego de su llegada al poder. 

Los meses de protestas han alterado posiciones, incluso la del presidente Piñera que, presionando por las calles, ha salido a decir que Chile necesita un “nuevo pacto social”. “Por eso hemos acordado una hoja de ruta que nos permitirá, por primera vez en plena democracia y con participación ciudadana efectiva, acordar una Constitución que nos brinde un marco de unidad, legitimidad y estabilidad”, tal como sostuvo en una nota de opinión publicada en New York Times.

Foto: Martin BERNETTI / AFP.
Foto: Martin BERNETTI / AFP.

El tema que se desató esta semana sobre la paridad y los cupos para integrar la Convención Constituyente vuelven a poner en agenda la pregunta sobre quiénes nos gobiernan, de qué manera y a qué proponen. 

Chile ya tienen fecha para su referéndum, pero la presión en las calles parece que no se detendrá hasta ver los reclamos traducidos en hechos.