Inseguridad: se escuda la Justicia en el Código Penal y acusa al Gobierno de hacer campaña

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El Gobierno decidió esta semana redoblar su apuesta en contra de los extranjeros que cometen delitos en el país y tomó para eso el caso de un hombre colombiano al que se le dio una probation luego de que intentara robar un celular mientras iba a bordo de una moto.

El chivo expiatorio esta vez (al igual que con el caso Chocobar) fue la magistrada que firmó la resolución. Patricia Guichandut es jueza desde 2005 y, básicamente, convalidó un acuerdo entre la fiscalía y la defensa para que se le otorgue la probation a una persona que no registraba antecedentes penales en el país, algo habitual en casos de delitos no graves y que no exceden los tres años de prisión.

El hecho quedó configurado como “tentativa de robo simple” (el delito de “motochorro” no existe en el Código Penal) ya que el hombre fue capturado a las pocas cuadras y la víctima recuperó su celular intacto.

Lo primero que debe aclararse es que, por más que una persona haya cometido algún delito en otro país, estos no valen como antecedente en Argentina. En este caso, el hombre arrestado tenía condenas en Colombia pero no podía agravarse su pena por ello.

Acá es donde entra la figura de la probation. ¿Qué es? Una suspensión del juicio durante un período de prueba donde el imputado debe cumplir con las normas de conducta que allí le indican. En este caso, se lo intimó a que se presente ante la autoridad migratoria en cinco días para que se regularice su situación. Es más, todo el proceso fue informado a la Dirección Nacional de Migraciones.

¿Cuál es la irregularidad que cometió entonces la jueza? ¿Actuó en contra de lo que dice la ley? El Código Penal responde que no, por más que al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodrgiuez Larreta, le parezca que Guichandut “no ayuda en nada”.

El otro punto de la discordia fueron los $700 a modo de reparación. El hombre no fue liberado porque pagó esa plata. El dinero forma parte de la reparación que es exigida como condición en la probation. No tiene relación totalmente directa con el monto de lo robado sino con el daño que causó. Incluso, en este expediente en particular, la víctima recuperó su celular. Y el Código Penal marca que debe ser “en la medida de lo posible”.

Para completar la campaña, hace algunas horas, le atribuyeron a la jueza haber liberado a un ciudadano uruguayo que tenía orden de captura. “No tuve ni tengo intervención alguna, lo que demuestra lo falaz de la información recogida”, afirmó Guichandut en un comunicado.

La situación fue la siguiente: en un control policial, dos miembros de la Policía de la Ciudad interceptaron a dos hombres que iban en una moto porque le resultaron sospechosos. Uno de ellos tenía una orden de expulsión y lo buscaba un Juzgado de Ejecución. Este tipo de juzgados son los que se encargan de controlar, entre otras cosas, que las condenas se cumplan. Los dos hombres fueron detenidos y llevados a una comisaría de Boedo. Esa dependencia policial está “de turno” con la jueza los últimos diez días de enero. Esto significa que muchos de los delitos que ocurran en esa zona deben ser investigados por Guichandut.

Desde la comisaría se comunicaron con la jueza, que consideró que el hombre no cometió un nuevo delito por lo que no correspondía su intervención. No liberó a nadie pues no le correspondía a ella intervenir sino al magistrado de Ejecución que lo buscaba y al que se le notificó de lo que pasó. El otro detalle es que la orden de expulsión no está firme ya que fue apelada. El hombre está en el país desde sus diez años y tiene dos hijos argentinos.

Lo burdo de la situación se cristaliza con un simple ejemplo. Un juzgado de turno recibió cuatro casos durante los últimos diez días de enero que involucraban extranjeros. Todos ellos contaban con antecedentes penales. Todos habían sido informados a Migraciones. Ninguno fue expulsado. Uno de ellos, incluso, tiene nueve condenas.

“Los jueces no somos legisladores solo operadores del sistema y contamos con las herramientas que nos brinda el ordenamiento legal”, explicó la jueza Guichandut en su comunicado.

Si la intención es condenar a prisión efectiva a todos los extranjeros que cometan delitos, sin importar de que se trate, son los diputados y senadores los que deben cambiar el actual Código Penal (y también la Constitución por ese tema de la igualdad ante la ley). Si la idea es expulsar a todos, deberían claramente agilizar los procesos de acuerdo a la ley que está vigente y no tomar como bandera casos puntuales. La otra opción es crear el fuero del motochorro. Todos presos mucho tiempo (parecen coincidir muchos políticos en que ese es el principal problema) y sin posibilidad de salir.

“Hablar de la situación de los presos no gana elecciones, pero dar discursos sobre aumentar la cantidad de presos, si”, afirma desde siempre un juez que lleva más de 30 años en el sistema judicial.

Justo hace algunos días se conoció un informe de la Policía de la Ciudad sobre el aumento de los arrebatos y robos en la zona norte de la Ciudad de Buenos durante diciembre. La campaña ya ha comenzado.