Garantismo, extranjeros y "motochorros": instala el Gobierno la mano dura en la agenda electoral
Mauricio Macri sumó un nuevo capítulo a la novela con la Justicia y volvió a instalar en agenda el tema de la deportación de extranjeros que delinquen y habló por primera vez del problema de la inseguridad en la Ciudad.
El presidente se subió a la ola de críticas contra la jueza Patricia Guichandut luego de conocerse el caso de un hombre colombiano al que se le dio una probation después de que intentara robar un celular mientras iba en moto y el de un ciudadano uruguayo al que dejaron en libertad y tenía orden de captura.
Junto a otros miembros de Cambiemos, como el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, Macri aseguró en redes que ella tuvo responsabilidad legal y aseguró que "con una Justicia así no hay policía que alcance".
Como respuesta, la magistrada presentó un escrito donde aclaró que en uno de los casos que le atribuyen no tuvo intervención y que en otro, los informes que le remitieron a su juzgado no daban cuentas de que el delincuente tuviera antecedentes.
Es evidente que frente a la creciente crisis económica, el Gobierno busca dirigir la mirada hacia la otra demanda que más importancia tiene en las encuestas: la seguridad. Para desligarse de la responsabilidad, apunta contra la Justicia y la utiliza como chivo expiatorio.
Dar a entender que desde la gestión se realiza todo lo posible para terminar con el delito y que las fallas provienen del Poder Judicial, es una herramienta electoral muy útil del Gobierno.
Con el pedido de más mano dura contra la delincuencia y con el respaldo a la ministra Patricia Bullrich, se logró avanzar por un lado con proyectos como el del Régimen Penal Juvenil, y por otro, con la regulación de la política migratoria, con propuestas como la deportación de extranjeros que cometen delitos y la reforma para ordenar la radicación de inmigrantes en el territorio.
También durante 2018 el oficialismo presionó al Poder Legislativo para la aprobación de la reforma del Código Penal, ley que aguarda la creación de la comisión legislativa para su implementación. A través del proyecto, se levantó la bandera de la lucha contra la corrupción, con la actualización de figuras como flagrancia, arrepentido y responsabilidad penal empresaria.
Consciente de la repercusión social que puede traer la implementación estas medidas y su correlato en las encuestas, Macri apunta a la profundización de los proyectos y a reforzar la idea de una Justicia independiente.
Así, logrará separarse de la mala imagen que puedan generarle los índices de inseguridad y logrará cosechar algunos votos de cara a las elecciones de octubre.
