Acuciado por un drenaje continuo que amenazaba con agotar las reservas, el BCRA impuso finalmente su criterio e instaló la semana pasada una batería de nuevos controles que restringen fuertemente la compra de dólares. La decisión permite ganar algo de tiempo, pero significa un desvío del camino hacia la normalización de la economía e implicará costos adicionales para retomarlo.

Sintéticamente, las medidas apuntaron a suprimir toda demanda de dólares que no sea para la importación de productos esenciales para la actividad productiva. El regreso a la vieja fórmula del cobro de un adicional de 35% en concepto de adelanto de ganancias/bienes personales, sumado al 30% de recargo del impuesto PAIS, llevan a unos 131 pesos el “dólar ahorro”. En principio, ese nuevo precio debería desincentivar por sí solo al menos la adquisición de divisa para su reventa en el paralelo. No obstante, se apeló a la inventiva para aplicar una serie de variadas restricciones adicionales, a los fines de limitar al máximo la cantidad de personas habilitadas a acceder al mercado legal de cambios.

En paralelo a estas medidas, el BCRA definió también que hasta marzo las empresas con vencimientos de deuda mensuales superiores al millón de dólares solo podrán obtener divisas al valor oficial para cancelar el 40% de sus obligaciones. El remanente deberán refinanciarlo con sus acreedores o abonarlo con sus propios recursos. Se procura así terminar con la práctica que estaban adoptando algunas compañías, que aprovechaban el fondeo relativamente barato en pesos para cancelar pasivos en dólares.

El riesgo en lo inmediato es que estas nuevas restricciones alienten aún más la percepción de que la actual cotización es insostenible, en tanto formaliza una brecha mínima de 65% entre el dólar oficial y el precio de referencia que constituye el “dólar ahorro”. El indicador para medir este problema es la evolución del dólar blue, que en caso de reaccionar con un alza proporcional revalidaría la dinámica del “puré”, pero en base a una expectativa de devaluación considerablemente mayor.

Aún si la suba del paralelo no ocurriese en el corto plazo, el actual esquema sólo hace que los pocos dólares que aún dispone el Banco Central se pierdan de manera más lenta. En contrapartida, las medidas tornan más costoso adquirir divisas pero no mejora los precios de su liquidación, por lo que la expectativa de que empiece a generarse una oferta de dólares genuina se hace aún más difusa.

Sirve de poco preguntarse hoy si hubo ligereza en la administración de las reservas durante los primeros meses de gobierno o si el tipo de cambio debería haberse deslizado a mayor velocidad. Se podrá argumentar, no sin razón, que lo primero era necesario para no generar ruido en la negociación de la deuda y lo segundo era indispensable para transitar la pandemia en relativa paz social.

En todo caso, la pregunta relevante que el gobierno debe hacerse a partir de ahora es para qué va a utilizar el margen de tiempo que compra con estas nuevas restricciones cambiarias. En ese sentido, parece imponerse la idea en el Ejecutivo de que este cepo reforzado alcanza para transitar los próximos meses eludiendo la amenaza de una depreciación del peso no controlada. Ese lapso debería resultar suficiente para que la clarificación del rumbo económico, a través de la aprobación del presupuesto, la reactivación paulatina de la economía y el comportamiento positivo de algunas variables exógenas, como el precio de la soja, contribuyan a disminuir las expectativas de devaluación e incentiven la liquidación de parte de las exportaciones que hacen al superávit comercial récord que se espera para este año. Ya más lejos queda marzo, en donde el ingreso de dólares por la cosecha y las perspectivas de un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional deberían terminar de despejar definitivamente el escenario de una corrida cambiaria.

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De nuevo, el peligro de esta apuesta radica en minimizar las tensiones adicionales que este paquete de medidas supone en lo relativo al aumento de la incertidumbre y a las perspectivas de devaluación. Las restricciones implementadas no solo han tenido un costo político innegable, también impactaron en la confianza y la credibilidad del proceso de estabilización, como lo evidencia la abrupta caída de los bonos otorgados en el marco del canje, que ya rinden a tasas superiores al 13%. Aún es pronto para saber cómo el mercado se acomodará a los recientes controles, pero si la demanda por atesorar dólares no se detiene frente a los nuevos precios y continúa presionando sobre las reservas, el gobierno se vería obligado a reformular las condiciones de su plan económico en función de las nuevas circunstancias y ya con aún menos resto que el que tiene actualmente.