Según el informe mensual de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), se desploma la producción de crudo en Venezuela y Arabia Saudita y fomenta la tendencia internacional de aumento de precio de crudo. En Argentina, el petróleo alcanza su precio máximo en cinco meses y el peligro de desplazamiento a costos compromete al Gobierno de cara a octubre.

Durante la gestión de Cristina Kirchner, el petróleo tuvo un tope especial para los productores de US$50 por barril, lo que permitía tener previsibilidad y amortiguación frente al vaivén de los mercados internacionales. Pero en un escenario de dólar relativamente estable y con costos de producción en crecimiento en pesos, se produjo una reducción de ganancias, lo que generó cierto descontento en el sector y favoreció la retracción en la tendencia de inversión. 

Cuando asumió Cambiemos, uno de los puntos fundamentales de la estrategia energética fue una total desregularización de los precios, una medida que se convirtió en leitmotiv del Gabinete, y se efectivizó en septiembre de 2017 cuando el precio del crudo aún estaba en baja.

Tras ocho meses de poca efectividad con una disparada de naftas, en junio de 20018 el por entonces ministro de Energía Juan José Aranguren, acordó con las petroleras un programa de “estabilidad de precios” para el sector, que contemplaba un techo escalonado de US$66 en junio, US$67 en julio y US$68 en agosto y un esquema de subas de combustible del 3% por mes hasta diciembre.

Pero con la salida del funcionario en julio, Javier Iguacel anunció la eliminación de los subsidios de gas y la liberalización del precio del petróleo nuevamente, con el objetivo de contener la suba de precios impulsada principalmente por la devaluación y el encarecimiento del precio internacional, para además contrarrestar los problemas de suministro en algunas provincias.

Después de un 2018 con subas de precios de combustibles de un 75%, con una inflación del 47,6%, un dólar que pasó de $18,70 a $38,85 en doce meses, y con un 2019 castigado por aumentos del 2,8% en marzo y 4,55% en abril en el caso de YPF, desde el Gobierno se evalúa la situación internacional y se analiza el impacto que podría traer para la economía doméstica antes de octubre.

La OPEP redujo la cuota de producción para el aumento de precios en casi medio millón de barriles diarios, mientras acompaña la caída el sector productivo de Venezuela por la crisis del país y con la retracción de ventas de Arabia Saudita. En Argentina esto se traslada directamente a los precios de los combustibles, la materia prima de los plásticos, componentes de industria farmacéutica, lubricantes y otros derivados, lo que fomenta la inflación.

El aumento del valor petróleo se transfiere además al del gas natural licuado, y de cara a un período estacional de invierno que implica mayor consumo, podría generar dolores de cabeza para el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui. Con un invierno intenso, en el mercado doméstico aumentará la demanda de petróleo y gas licuado, y las importaciones podrían consumir gran parte del colchón de liquidez que la Rosada intenta generar a partir del ingreso de la partida del FMI al Tesoro y las liquidaciones de las cosechas del agro. 

En un escenario de crisis económica y con una planificación de ajuste, la mesa chica del oficialismo deberá evaluar cómo contener los aumentos para evitar que se trasladen masivamente a los precios. A seis meses de las elecciones legislativas, un mayor aumento de la inflación pone en jaque a Macri y afecta la reelección.