De los tres años que lleva Mauricio Macri en Casa Rosada, sólo en uno de ellos los salarios ganaron, en términos reales, contra la inflación (2017). En los otros dos, en promedio, las paritarias corrieron desde atrás a los aumentos de los precios, a pesar de que algunos gremios -aceiteros, bancarios y camioneros- lograron igualar el crecimiento salarial a la inflación y, en algunos casos, incluso superarlo. De qué se habla en las cumbres en la secretaría de Trabajo.

Desde que el Fondo Monetario Internacional llegó a la Argentina a auditar las cuentas públicas, la entidad que preside Christine Lagarde puso gran acento en las cuentas públicas, sobre todo en el déficit fiscal de la administración nacional. En ese sentido, el Gobierno anunció un programa -ya conocido- de "déficit cero”, orientado a que el Poder Ejecutivo Nacional no gaste más dinero que el que recauda por la vía tributaria.

A raíz de varios desastres económicos que sucedieron en otros países debido a las intervenciones del FMI en la economía, la entidad decidió dejar de llevar paquetes con programas propios y dejar en manos de las autoridades del país que pide el préstamo el desarrollo de estos programas. Sin embargo, dado que estos países acuden a la entidad con necesidades de obtener financiamiento, los programas que se suelen presentar son parecidos a los de ajuste estructural que siempre caracterizaron a la entidad, pese a que en 2002 se incorporaron documentos que sostienen que los programas deben apuntar a la reducción de la pobreza.

El programa que el Gobierno argentino le llevó al FMI, y que éste aprobó, incluye el déficit cero en 2019, para luego tener algunos años superavitarios, cuyo excedente sería destinado al pago de intereses de deuda (que no se contabilizan en el déficit fiscal primario -mal llamado déficit fiscal solo-, sino en el secundario). Para lograr eso, sobre todo en el contexto ya conocido de una economía que no crece, un desempleo que no baja, inflación récord y pobreza en niveles de un tercio del total de la población, la estrategia oficial apunta a reducir el poder adquisitivo de los salarios que paga el Estado, es decir, actualizarlos por debajo del índice inflacionario.

En suma, el promedio de actualización salarial de los estatales fue cercano al 25%. En principio, el aumento había sido de apenas 15% en tres cuotas, monto que debió ser revisado por estar 35 puntos porcentuales debajo de la inflación anual. Así  y todo, en el 2018, los salarios de estatales perdieron por 25 puntos contra la inflación, lo que representó una importante merma del poder adquisitivo. El año pasado, los salarios privados no aumentaron muy por encima de ese rango, más allá de las buenas cifras de paritarias que obtuvieron los gremios ya mencionados.

En 2019, sin embargo, incluso el Gobierno espera que haya una leve recomposición salarial en el sector privado, teniendo en cuenta que se trata de un año electoral y que la imagen del primer mandatario está bastante golpeada después de tres años de mandato (de hecho, su imagen negativa está en niveles récord desde que asumió). No así para el sector público que, en línea con los planes que caracterizaron al FMI y el objetivo del Gobierno nacional de recortar el gasto público, volvería a perder contra la inflación este año.

En la secretaría de Trabajo asoman dos números distintos, uno para el sector privado y otro para el público: entre 30 y 35% para el primero y apenas arriba de 20% para el segundo. La inflación proyectada por las entidades privadas, en tanto, se ubica cerca del 30% y tiende a aumentar a medida que el Indec publica cifras oficiales por arriba de las estimaciones previas.