Mientras la Casa Rosada no abandona su intención de privatizarla y después de que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires propusiera hacerse cargo de la empresa, la Justicia de Estados Unidos dejó en firme un fallo que condena a Argentina a pagar casi USD 400 millones por la expropiación de la compañía en 2008. 

El beneficiario del fallo de la Corte del Distrito de Columbia es el fondo Titan Consortium, titular del juicio por la expropiación de la aerolínea de bandera y que, en octubre pasado, había pedido que se ordenara al país abonar el fallo emitido en primera instancia por CIADI, el tribunal de arbitrajes del Banco Mundial.

"Miren lo que cuestan la genialidades de los estatistas. Todavía hoy el gobernador de Buenos Aires (Axel Kicillof) sigue insistiendo en ese camino. La verdad es que deberíamos concretar la idea del presidente Javier Milei, de crear el ‘impuesto Kicillof’, así lo pagan los adoradores de ideas ridículas que le cuestan fortunas al país", aseguró este miércoles en X el secretario de Transporte, Franco Mogetta.

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El hoy acreedor de la deuda que tiene el país le adquirió el caso a Burford Capital el 15 de marzo de 2018, con el objetivo de redefinir su estrategia contra Argentina y concentrarse en la causa por la estatización de YPF en 2012.

Este fondo inglés, a su vez, le había comprado el juicio al tribunal español donde se cursaba la causa por la quiebra del grupo español Marsans en unos USD 17 millones en 2015, a lo que se agregó, en consecuencia, una demanda contra Argentina por la renacionalización del 2008.

Titan Consortium argumenta que Argentina no ha pagado lo ordenado por el CIADI, un fallo que no es apelable, por lo que esta orden de la corte estadounidense es definitiva.

A mediados de noviembre, los abogados del país y los demandantes habían llegado a un acuerdo "sobre los términos y condiciones de la sentencia en el caso expropiación de Aerolíneas". Este convenio permitía que la Justicia de Estados Unidos se expidiera, en lo que se denomina sentencia final, sin pasar por un juicio y que, ante el incumplimiento del condenado, se activaría de manera directa el inicio de procesos de embargos hasta cubrir el total de la sentencia.

Ahora Argentina debe hacer frente, indefectiblemente, al compromiso o, en caso contrario, el acreedor estará en condiciones de iniciar los embargos pertinentes para cobrar el total de la deuda.

La reestatización de Aerolíneas Argentinas fue reglamentada por el Gobierno de Cristina Kirchner el 17 de diciembre de 2008, luego que la Cámara de Diputados convirtiera en ley el pedido de la ahora exjefa de Estado de avanzar en esta operación bajo la figura de tratarse de empresas "de interés público nacional".

En ese momento la ley involucraba a Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas, Jet Pack, Optar y Aerohanding.

Por la reestatización de Aerolíneas, el país no pagó un solo dólar, lo que fue advertido por Burford, que le compró a Gerardo Díaz Ferrán, titular de Marsans, los derechos para iniciarle juicio a Aerolíneas ante el CIADI, por la forma en que se concretó la nacionalización de la empresa.