El presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADMIRA), Elio del Re, advirtió que el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) incluido en la Ley Bases "podría generar una competencia desleal con la industria preexistente". 

En clara oposición a la medida incluida en el renovado proyecto de la Ley Ómnibus que el Gobierno espera tener aprobado en las próximas semanas y que inicia su debate en Diputados este lunes, la entidad que nuclea a los metalúrgicos detalló que "si el producto en Estados Unidos vale 1 millón de dólares y en Argentina vale lo mismo, al que lo compra le saldría un 30% menos comprarlo afuera; no estamos hablando de competitividad, estamos hablando de incentivos".

El RIGI, incluido en el reformulado texto que los libertarios enviaron al Congreso, establece diferentes beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios. Entre ellos, contempla la exención de derechos de importación y tasa de estadística para el ingreso de bienes de capital, repuestos y componentes destinados a los nuevos proyectos. Asimismo, les permite a los beneficiarios disponer libremente del 20% de las divisas generadas por sus exportaciones al cabo del primer año, del 40% al segundo año y del 100% a partir del tercero.

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En diálogo con Modo Fontevecchia, Del Re subrayó que los fabricantes nacionales tendrán condiciones desiguales "ya que deben afrontar costos de importación considerables que generan asimetrías, de entre el 15% y el 35% del valor total de los bienes". Asimismo afirmó que el mecanismo propuesto "no identifica actividades, productos o sectores con posibilidad de ser impulsados, ni tampoco prevé ningún tipo de ítem que priorice el desarrollo de proveedores locales que potencien la trama productiva local".

Frente a esto, ADIMRA envió el pasado 22 de abril una carta al ministro de Economía, Luis Caputo y a las autoridades parlamentarias, para advertirles sobre el impacto que tendría en el sector la aprobación del Régimen, un petitorio para que se revea el proyecto y en el que se alerta que, según lo planteado en la última versión, "atenta directamente contra la industria nacional y las pymes, en beneficio de grandes empresas y las importaciones". Además alertó por "el fomento de las importaciones extranjeras en detrimento de la industria nacional".

En el mismo se puntualiza que no se igualan "las condiciones de competencia de los fabricantes nacionales frente a los complejos industriales internacionales, ya que los titulares de proyectos de vehículos de proyecto único (los beneficiarios del régimen) podrán importar bienes de capital usados o nuevos, materiales e insumos sin aranceles asociados tanto en la etapa de la inversión inicial, así como también del flujo productivo durante el período establecido (30 años), afectando directamente a la industria metalúrgica nacional en general y especialmente las PyMEs".

Cabe destacar que la semana pasada se difundió el Informe de Actividad metalúrgica que reveló una caída del 17,7% interanual en marzo, configurando un descenso del 6,6% en el primer trimestre. Además, confirmó el bajo nivel de actividad registrado sólo superado, en los últimos ocho años, por los cuatro meses más duros de la pandemia del 2020.