La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) dejó formalmente sin efecto la licitación pública con alcance nacional e internacional que había abierto para la operación de la Vía Navegable Troncal conocida popularmente como Hidrovía Paraná-Paraguay, que es el principal corredor fluvial del comercio exterior argentino.

La decisión se oficializó este lunes a través de la Resolución 7/2025 publicada en el Boletín Oficial, luego de que el Gobierno anunciara que daba de baja al proceso porque recibió una sola oferta, de la empresa belga Dredging, Environmental and Marine Engineering NV (DEME) y que le había pedido a Defensa de la Competencia que investigue "posible presión" sobre el resto de las firmas interesadas.

"Instrúyese a la Gerencia de Asuntos Jurídicos a realizar un informe pormenorizado del procedimiento licitatorio y remitir las actuaciones a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia a los fines de que tome la intervención de su competencia", indicó el citado documento gubernamental.

Durante una conferencia de prensa exclusiva para hablar del tema y adelantar la medida ahora oficializada, el vocero Manuel Adorni había precisado el pasado 12 de febrero que "la investigación servirá para aclarar los acontecimientos ocurridos en el marco de esta licitación, para demostrarle a todos los actores interesados en futuras licitaciones que el Estado será implacable ante cualquier intento de manipular los resultados y también para llevar a la Justicia penal a los responsables de querer defraudar al pueblo argentino".

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"Durante el procedimiento, sectores de la política, medios y sectores empresarios hicieron lobby en favor de sus propios intereses y le demandaron al Gobierno que baje los estándares técnicos del pliego solo por beneficio propio", acusó el portavoz y agregó: "Además, se acusó Gobierno de ser muy exigente, de negocios incompatibles, de corrupción, entre otras falsas acusaciones que habitualmente nos hacen en diferentes asuntos y este no fue la excepción".

En la misma línea, Adorni manifestó: "El Estado Nacional decidió dar inmediata intervención a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para que investigue la posible presión de la única oferente, DEME, sobre las restantes empresas o la existencia de una presunta asociación ilícita en perjuicio del Estado nacional y los productores argentinos".

El Ejecutivo había anunciado en noviembre el llamado a licitación, en un esquema que pretendía volver a una concesión por 30 años, a riesgo empresario, sin vínculo estatal en su gestión y mantenimiento.

Ahora, el Gobierno deberá decidir cómo garantizar la continuidad del servicio en un tramo clave de la Hidrovía, que moviliza el 80% del comercio exterior del país y es fundamental para la competitividad frente al vecino Brasil.  

El organismo encargado de llevar adelante la licitación y su posterior anulación está bajo la conducción del Iñaki Miguel Arreseygor, quien en mayo de 2024 reemplazó a Pablo Piccirilli como subsecretario de Puertos y Vías Navegables y, tras la disolución de la Administración General de Puertos (AGP SAU), fue designado como director ejecutivo de la ANPYN, el nuevo ente autárquico encargado de la gestión tanto de la vía en cuestión como de los puertos nacionales.  

Ahora, la administración de Javier Milei enfrenta el desafío de rediseñar el proceso licitatorio en un contexto de fuerte incertidumbre y sospechas de competencia desleal. El Gobierno sigue esperando explicaciones de otras empresas que no participaron del proceso, mientras que aún no hay precisiones sobre cuándo se reiniciará el plan de acción.