La jueza de Nueva York Loretta Preska decidió acceder al pedido del gobierno argentino de no entregar unos USD 16.000 millones fijados como resarcimiento por la expropiación de YPF en 2012, aunque estableció nuevas condiciones al país. El dato se conoció 48 horas después de la segunda vuelta electoral presidencial, en la que Javier Milei se impuso por 11 puntos sobre el oficialismo.

Mientras que las acciones de la petrolera estatal reaccionaron con enormes alzas tras la victoria del liberal, la magistrada estadounidense, donde se lleva adelante la causa, accedió al pedido de Argentina para no depositar la cifra dictaminada. A cambio, Preska pretende que el país entregue algunos activos para evitar embargos.

A fines de octubre, en una presentación ante el Tribunal de Distrito en Manhattan, los abogados que representan al Estado argentino argumentaron que hacer cumplir el fallo de pago “paralizaría a una nación que ya sufre una grave inflación y sequía”, en medio de una profunda crisis económica.

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"La jueza Preska accede al pedido argentino de evitar depositar la totalidad del fallo YPF de USD 16.100 millones, pero ordena a Argentina aportar otros activos mencionados por los demandantes (acciones YPF, entre otros) como garantía para evitar embargos", dijo el especialista Sebastián Maril citado por la agencia Noticias Argentinas.

CEO de Latin Advisor, Maril es considerado un experto en este extenso y complejo juicio, en el que la sentencia fue adversa para la Argentina y quedó plasmado en un escrito de 25 páginas que se conoció el 15 de septiembre último. Desde entonces, los abogados argentinos han apelado la decisión.

Así fue como Preska determinó la suspensión de posibles embargos hasta que la Corte de Apelaciones se expida. No obstante, la Argentina deberá depositar un monto menor, y tiene tiempo para hacerlo hasta el 5 de diciembre. Esto implica que, si bien el plazo queda dentro de la gestión del actual, es apenas cinco días antes de la asunción del Presidente electo. Sobre eso, el especialista indicó en su cuenta de X que el país “no va a hacer” el depósito de garantía en esa fecha, muy cercana al traspaso de mando entre Alberto Fernández y Milei. 

“Recomiendo a los beneficiarios del fallo no comenzar embargos el 5 de diciembre y empezar a dialogar con la o las personas nombradas por el presidente-electo ‘pronto’. Hay caminos para resolver esto. Hay ganas de dialogar”, agregó Maril en la red docial.

La noticia se conoce en un momento particular para las acciones de la empresa, ya que pocas horas después de imponerse en el balotaje frente a Sergio Massa, Milei anunció que planea privatizar la petrolera, actualmente de capital mayoritariamente estatal. Tras esa declaración y la elección presidencial, la acción de YPF tuvo el lunes último una histórica suba de precio de casi el 40% en Wall Street. Al día siguiente, dado que en Argentina había sido feriado, la compañía lideró el alza de los papeles locales.

El proceso judicial lleva más de ocho años y tuvo varios reveses para el país, incluidos fallos en contra en cámaras de apelaciones y la rotunda negativa de la Corte Suprema de Estados Unidos a analizar el caso.

A fines de marzo de este año, Preska había dicho que el Estado argentino expropió mal la petrolera –YPF fue exculpada de todo cargo– y condenó a las autoridades argentinas a resarcir a los demandantes.

En septiembre pasado, la jueza neoyorkina falló nuevamente en contra de Argentina y a favor del fondo inglés Burford Capital, que se presentó en los tribunales con los derechos de Petersen Energía, que tenía el 25% de YPF antes de su expropiación, y de Eton Park, que ingresó en 2010 a la compañía con la compra del 1,63% del capital, por unos USD 250 millones. Argentina, que tras la expropiación compensó con unos USD 5.000 millones a la española Repsol, dueña del 51% de la petrolera, argumentó que no debería pagar más de USD 4.920 millones como resarcimiento.

Apenas una semana después, Preska dejó firme la sentencia, condenando al Gobierno argentino a pagarle a Burford Capital los USD 16.000 millones por haber realizado mal la expropiación de YPF en 2012. Al Estado aún le quedan instancias de apelación, pero desde entonces comenzaron a correr intereses de entre 5 y 6 por ciento (varían semanalmente y seguirá así hasta que la causa defina su rumbo).