Argentina acató la orden de la jueza estadounidense Loretta Preska y brindará información sobre las reservas de oro del Banco Central y otros activos a los beneficiarios del fallo por la expropiación de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), por la que el Estado nacional fue condenado a pagar USD 16.000 millones.

La entrega de datos es parte de la ejecución de la sentencia, ya que el país no está cumpliendo con sus obligaciones ni tampoco depositó una garantía al fondo inglés Burford Capital, para lo cual tenía como fecha límite el 30 de enero de 2024.

En este marco, se consensuó un cronograma de revelación de información, según el cual Argentina deberá completar el 28 de febrero la producción de documentos relacionados tanto con las reservas de oro de la autoridad monetaria como con las cuentas de la República en el territorio nacional.

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Según trascendió, con los intereses a una tasa de 5,42% anual y honorario legales, la cifra que el Estado debe abonar ya es de USD 17.200 millones, de los cuales alrededor de USD 1.000 millones corresponden a este 2025.

Ante el incumplimiento de pago, comenzó un proceso de embargo de activos, para lo cual se requiere conocer detalles sobre su uso y su ubicación, según explicó a Perfil el CEO de Latam Advisors, Sebastián Maril. De todas formas, aclaró que eso no implica una confiscación automática sino que queda sujeto a revisión.

La medida por la cual se solicitó la información fue dispuesta a mediados de enero por Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, quien hizo lugar al reclamo de los fondos beneficiarios del fallo.

Los abogados que representan al país en el juicio habían señalado previamente que "la República ha informado reiteradamente a los demandantes que solo el Banco Central (una entidad legalmente separada) posee reservas de oro".

Sin embargo, la magistrada cuestionó la actitud de las autoridades argentina al advertir que "se ha invertido más tiempo y dinero en defender la entrega de estos documentos que en realizar dicha entrega".