La Justicia de Estados Unidos dejó firme el fallo por la expropiación de YPF, lo que obligaría a la Argentina a desembolsar una suma multimillonaria al fondo de inversión Burford. La jueza de Nueva York Loretta Preska dispuso que la Argentina deberá pagar 16.099 millones de dólares por la decisión que en 2012 tomaron Cristina Kirchner y quien por entonces era su viceministro de Economía, Axel Kicillof.

Ahora, el Gobierno podría apelar la sentencia, tal como había anticipado la semana pasada, o pedir una suspensión hasta que asuma la nueva administración el 10 de diciembre. 

Según informó un consultor privado familiarizado con la causa a la agencia NA, el Estado nacional había propuesto este jueves pagarle 15.100 millones de dólares a la parte demandante, que ya había obtenido una sentencia favorable por 16.000 millones y que había denunciado que el Gobierno no estaba dispuesto a “negociar”.

El Estado nacional habría plasmado esa oferta en un escrito dirigido a la jueza, lo que significaba un reconocimiento de la sentencia, de acuerdo a los expertos en la materia. Sin embargo, horas después Preska confirmó la sentencia anterior.

El viernes 8 de septiembre, la magistrada de Nueva York había dictaminado que el Estado argentino -y no la compañía YPF- debía resarcir a los demandantes por la forma en que el gobierno de Cristina Kirchner expropió la petrolera en 2012.

Luego, el estudio de abogados Kellogg, Hansen, Todd, Figel y Frederick, que representa al fondo Burford Capital, presentó un escrito ante la Justicia de Nueva York en el que aseguró que, “lamentablemente, Argentina se ha negado a consultar con las demandantes de buena fe para preparar una presentación conjunta".   

Asimismo, en las últimas horas, un artículo del influyente diario Financial Times publicó un artículo bajo el título: “Después del fallo, la próxima batalla de Burford será lograr que la Argentina pague”. De acuerdo al especialista, Sebastián Maril de Latin Advisor, el monto a abonar por la Argentina tiene una tasa variable que por estos días es de 5,4%, que obviamente ya está corriendo y obliga al país a plantear una estrategia para cerrar el caso.  

El Estado argentino fue condenado por no cumplir con los estatutos de la compañía, ya que alcanzaba un estatus jurídico mayor a las decisiones soberanas por su cotización en la Bolsa de Nueva York. Si bien la cara visible de los demandantes es el estudio Burford, la sentencia también incluye al pool judicial Eton Park, cuya participación es menor.

Tras conocerse aquel fallo de Preska, Cristina Kirchner y Kicillof la cuestionaron duramente y volvieron a apelar a la calificación de “buitres” para describir a quienes llevaron adelante el litigio. “¡Caramba! ¡Qué casualidad! Otra vez, en plena campaña electoral, irrumpe un fallo disparatado a favor de los fondos buitres en un tribunal de Estados Unidos, cuna de fondos buitres. Esa historia ya la vimos, y varias veces”, aseguró el gobernador de la provincia de Buenos Aires.