La jueza Loretta Preska falló contra la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF en 2012 y ordenó al país pagar la suma de USD 16 mil millones al fondo Burford. El Gobierno nacional informó que apelará la sentencia. 

La magistrada, titular del tribunal del distrito sur de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, le dio la razón al fondo denunciante frente a su reclamo de compensación por la expropiación de la empresa petrolera durante el segundo mandato de Cristina Kirchner y con el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al frente del ministerio de Economía

A su vez, aplicó la pena más dura posible, ya que mientras Burford calculó que el resarcimiento debía ascender a USD 16 mil millones, el Gobierno estimó que la cifra correcta sería USD 5 mil millones.

La portavoz, Gabriela Cerruti, señaló apenas conocida la noticia que el presidente Alberto Fernández tomó la determinación de instruir a la Procuración del Tesoro para que apele la decisión de la jueza. “Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres”, agregó al respecto en sus redes sociales.

El fallo de Preska se produjo luego de que fracasaran una serie de negociaciones y consideró que el Estado argentino es el que debe resarcir al fondo Burford y no la compañía. Según dichos de fuentes de YPF a la agencia NA, “es un fallo positivo” porque “la jueza reconoce que la compañía no tenía responsabilidad y no es garante del Estado nacional, con lo que sus activos están fuera de riesgo”.

Burford Capital es un bufete de abogados que se presentó en los tribunales con los derechos de Petersen Energía, que tenía el 25% de YPF antes de su expropiación. En tanto, Eton Park ingresó en 2010 a YPF con la compra del 1,63% del capital, por unos USD 250 millones.

En junio de 2019, la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó un pedido de la Argentina para ponerle fin a la demanda de los exaccionistas de YPF.

Ahora, a partir del próximo lunes los representantes del Estado Nacional tendrán la oportunidad de apelar o negociar y el Burford Capital podrá empezar a aplicar embargos sobre los activos soberanos.

En ese sentido, el estudio de abogados Sullivan & Cromwell, que representa a la Argentina en la demanda, manifestó este viernes "su desacuerdo con la decisión sin precedentes y errónea de la corte de distrito" de Nueva York y ratificó la decisión de "apelar la sentencia".

Al respecto, el abogado Robert Giuffra, socio de Sullivan & Cromwell, aseguró que "la sentencia dictada en materia de daños y perjuicios refleja la incomprensión fundamental de la corte de distrito respecto del derecho argentino aplicable y exacerba otros errores graves de derecho argentino que la corte ya cometió en instancias anteriores del caso".