Las gigantes de la producción y distribución de gas iniciaron una guerra por los plazos de pago con el Gobierno, encarnado por Gustavo Lopetegui, como mediador. En la trastienda de la secretaría de Energía se libra un lobby sin igual luego de que las productoras pidieron al Poder Ejecutivo que obligue a las distribuidoras a pagar en el plazo de 30 días. Estas últimas argumentaron que es imposible porque no cobran el dinero de sus clientes antes de 70 días, por lo que deberían endeudarse en el mercado financiero de las súper tasas de Guido Sandleris para cumplir.

Inicialmente, el plazo es de 75 días, pero el Gobierno planteó reducirlo a 30 días. Las petroleras celebraron la iniciativa, mientras que las distribuidoras salieron a destruirlo discursivamente. El principal detractor del proyecto fue Alejandro Macfarlane, presidente de Camuzzi, distribuidora ¿amiga? del Gobierno.

Las distribuidoras sostienen que si el plazo cambia, dado que ellas recién cobran de los usuarios a partir de los 60 días después de la entrega del gas, deberán tomar deuda en el mercado financiero por $2.000 millones mensuales, algo que seduce poco debido a las altas tasas de Guido Sandleris.

“Nos obligan a salir a financiarnos a una tasa del 50% anual, es decir, cerca del 4,5% mensual, con el objetivo de que las petroleras se cubran de una eventual devaluación. En la práctica, si prospera este cambio regulatorio, las distribuidoras de gas transferirán recursos a las petroleras sin ningún sentido", dijo Alejandro Macfarlane, presidente de Camuzzi y exCEO de Edenor, la semana pasada en EconoJournal.

Por eso, según BAE Negocios, Lopetegui ensaya un plan B para no perder amigos en el Círculo Rojo: que paguen los usuarios para que ni distribuidoras ni productoras vean reducidas sus ganancias. El viernes terminará la consulta pública convocada por la secretaría de Energía y el Enargas para discutir cambios en la tarifa de gas. La propuesta del oficialismo avalaría otro aumento, además del tarifazo de 35% ya anunciado, para cubrir el costo financiero que tiene para las distribuidoras pagar en un menor plazo que los 75 días que regían hasta ahora.

De esta manera, el Gobierno planea cargar el costo del financiamiento de las distribuidoras en las facturas de los usuarios, aunque prevén que habrá una fuerte resistencia de la oposición, que ya trabaja en un proyecto para retrotraer las tarifas a los niveles de 2018 por la delicada situación económica. Si el Poder Ejecutivo resolviese que los usuarios se hagan cargo del costo financiero, el aumento sería mayor al 35% que había dispuesto el entonces secretario Javier Iguacel.