En línea con la política que impulsa desde el primer día de la gestión, el Gobierno nacional tomó la decisión de privatizar la empresa Corredores Viales S.A., bajo la modalidad de concesión de obra pública por peajes. "La Patria contratista se terminó, donde subían los peajes mientras las rutas se caían a pedazos", remarcó Manuel Adorni.

"A partir de este modelo se va a promover el desarrollo de infraestructura a través de la participación del sector privado, que se va a encargar de ejecutar las obras y gestiones necesarias a su propia cuenta y riesgo, a cambio del derecho de exigir un cobro del peaje a los usuarios", puntualizó en conferencia de prensa.

La Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), dependiente del ministerio de Economía, va a ser el área encargada de adoptar las medidas necesarias y concretar las siguientes acciones: 

  • Extensión de mutuo acuerdo de los contratos de concesión vigentes de diez tramos asignados a la compañía.
  • Ejecución de los procedimientos de selección para la celebración de los contratos de concesión de obra pública sobre los citados trazos.
  • La disolución y posterior liquidación de Corredores Viales, una vez adjudicados los contratos a las empresas que resulten elegidas

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"De esta manera, el sector privado va a encontrar mejores mecanismos para la subcontratación de las obras sin las restricciones que significaba la Ley de Obra Pública. Más competencia en el mercado va a implicar, además, mejores precios", resaltó el vocero presidencial al comunicar la determinación. 

Asimismo, tanto el portavoz como la Oficina del Presidente señalaron que más del 45% de la red vial que gestionaba la empresa, lo que equivale a 3.400 kilómetros, "no se encontraba en condiciones óptimas para la circulación vehicular".

"Los contratos de obra estaban paralizados y el atraso tarifario era de un 45% en relación a la tarifa técnica", sumó Adorni, a la vez que detalló que la deuda de Corredores Viales con proveedores ascendía a $142 mil millones en 2023 y tenía pérdidas acumuladas por $268 mil millones.

"En consecuencia, el Tesoro nacional, o sea, todos los argentinos, aportaron $301 mil millones por los magros resultados. El Estado deja su rol de administrador y constructor vial para asumir funciones de promotor y supervisor de la actividad. La Patria contratista se terminó, donde subían los peajes mientras las rutas se caían a pedazos", concluyó.